
El futuro del servicio de energía en Colombia, particularmente en la región Caribe, se encuentra en una situación crítica, según lo advirtió Empresas Públicas de Medellín (EPM) en una carta enviada al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. En el documento, la empresa manifestó su creciente preocupación por las dificultades que enfrentaba su filial Afinia y los riesgos que amenazan la prestación del servicio a miles de usuarios.
John Maya Salazar, gerente general de EPM, firmó la misiva en la que detalló que la crisis se intensificó debido al incumplimiento del Gobierno nacional en el pago de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, deuda que, según los cálculos de la compañía, ascendía a cerca de 659.000 millones de pesos. A esto se suma lo que EPM calificó como una “desarticulación sectorial”, generada por la expedición de diversos decretos, resoluciones y circulares que, en su opinión, estaban debilitando la estabilidad del sistema eléctrico.
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Asimismo, la empresa hizo referencia a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre el modelo tarifario vigente en el país. Según EPM, estas declaraciones, sumadas a la incertidumbre regulatoria, ponen en peligro la sostenibilidad del servicio y generan preocupación en el sector energético.
EPM expresó su preocupación por la postura del presidente Gustavo Petro frente al modelo tarifario del servicio de energía en el país. La empresa explicó que los constantes señalamientos del mandatario afectan la estabilidad del sector y ponen en duda la labor de las instituciones encargadas de regular el mercado.
“Resultan preocupantes los recientes pronunciamientos que se conocieron del presidente de la República, en los que reprocha, sin razones legítimas, el modelo tarifario del servicio de energía y ataca a las instituciones que garantizan la gestión eficiente del mercado”, destacó el documento.

Uno de estos pronunciamientos ocurrió el 30 de enero, cuando el presidente Petro, durante una movilización en Barranquilla contra las tarifas de energía, cuestionó directamente a las empresas generadoras del servicio. “Los colombianos, cuando pagan su factura eléctrica, están pagando muchísimo más que los costos reales con los que se genera la energía, lo que está rompiendo la Constitución y la ley”, afirmó el mandatario. En su discurso, aseguró que la producción de electricidad en una hidroeléctrica tiene un costo aproximado de $100 a $120 pesos por kilovatio, pero que este valor no se reflejaba en las tarifas cobradas a los consumidores.
Asimismo, Petro recordó que su administración intentó modificar las tarifas mediante un decreto basado en sus facultades constitucionales, pero que la medida fue suspendida por decisión judicial. “Cuando llegamos al Gobierno prometimos que cambiábamos las tarifas, que eso no seguía, lo primero que hice fue expedir un decreto de acuerdo a mis facultades constitucionales, llegó a un magistrado y a los tres días me suspendió el decreto que buscaba bajar las tarifas de energía. Ahí entendí que las generadoras de energía se movían para impedir cambiar las fórmulas que le permiten vender 10 veces más caro”, expresó.
En la carta enviada, se destacó la urgente necesidad de tomar medidas inmediatas para evitar la interrupción del servicio eléctrico en varias regiones del país. La compañía expresó su preocupación por la situación crítica que enfrenta el sector energético, señalando que si el Gobierno nacional no cumple con sus compromisos y obligaciones, el futuro del servicio estaba comprometido. “Si el Gobierno nacional no cumple sus compromisos y obligaciones, y no cesa en su propósito de intervención del mercado de manera desarticulada, debilitando la institucionalidad y el modelo del sector, es inminente e inevitable para los prestadores la interrupción del servicio en las distintas zonas del país”, concluyó.

EPM también recordó que, durante los últimos meses, envió diversas comunicaciones a las autoridades nacionales y locales, buscando apoyo para resolver los problemas que amenazan la estabilidad del sector. La compañía enfatizó la importancia de una acción conjunta entre los diferentes entes territoriales e institucionales para superar la crisis.
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