En la tarde del viernes 31 de enero, se conoció que el presidente de la República, Gustavo Petro, nombró oficialmente a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, nueva directora encargada del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp).
El decreto 0109 firmado el 29 de enero de 2025, indica que Paulo Alberto Molina Bolívar deja el cargo de director encargado para ser asumido por la jefe de cartera, que no se deberá apartar de sus funciones ya impuestas en el Ministerio de Trabajo.
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“Encargar del empleo de Director del Departamento Administrativo de la Función Pública Código 0010, Grado 00, de la planta de personal del Departamento Administrativo de la Función Pública, a partir de la fecha, a la señora Gloria Inés Ramírez (...) quien se desempeña en el empleo de Ministra de Trabajo código 005 del Ministerio de Trabajo, sin desprenderse de sus funciones”, destacó el citado decreto.
Cabe señalar que, la vacancia del cargo se mantiene desde que Cesar Manrique renunció en medio de las investigaciones por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El 1 de noviembre de 2024, Manrique decidió no continuar como director del Dafp alegando problemas de salud, dejando a un lado la sospecha de que se trataba de una consecuencia por el mencionado escándalo.
Y es que la Fiscalía estaba evaluando la posibilidad de citar a declarar a César Manrique Soacha, al ser señalado colaborar con Luis Carlos Barreto Gantiva, su presunto “ahijado político”, para gestionar el traslado de $100 mil millones, recursos pertenecientes a un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Este traslado, según la denuncia, fue facilitado por Olmedo López, entonces director de la Ungrd, que permitió el direccionamiento de contratos relacionados con plantas desalinizadoras, sistemas de almacenamiento de agua, molinos, jagüeyes, carrotanques y pozos subterráneos, a cambio de sobornos.
La fiscal encargada de la investigación explicó que Olmedo López y Manrique Soacha habrían llegado a un acuerdo para el pago de coimas con el propósito de liberar los multimillonarios recursos de la ANT, entidad encargada de la reforma agraria. En este pacto, supuestamente se había establecido que el porcentaje de las coimas sería del 7% del valor de cada contrato gestionado.
Además, detalló cómo el dinero obtenido de la ANT fue direccionado al mencionado Luis Carlos Barreto, que, en conjunto con Manrique Soacha, se encargaba de encontrar contratistas dispuestos a participar bajo la condición de pagar el porcentaje establecido como soborno. Estos recursos fueron eventualmente repartidos por Olmedo López entre otros funcionarios, incluyendo a Sneyder Pinilla, también involucrados en la operación ilícita.
De otro lado, en cuanto a la actualización del caso, se conoció que el abogado José Moreno Caballero, representante legal del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, fue citado a declarar bajo juramento por orden de la Corte Suprema de Justicia. Esta audiencia, inicialmente programada para el 29 de enero, tuvo que ser reprogramada debido a que el jurista informó a la Corte que se encontraba fuera del país cumpliendo compromisos profesionales.
A una situación similar se enfrentó el abogado Luis Gustavo Moreno, defensor del exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, en relación a otro componente del caso que involucra la entrega de $1.000 millones al congresista Andrés Calle.
Las diligencias continúan, mientras los conductores de Olmedo López y Sneyder Pinilla, Miguel Darío Ángel y Diego Reinel Sierra, respectivamente, habrían rendido sus declaraciones el 31 de enero. El magistrado Francisco Farfán, responsable del proceso, busca incorporar nuevos elementos probatorios que permitan delimitar las responsabilidades penales y la eventual participación de cada investigado en este fraude que a inicios de 2024.
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