La Fiscalía General de la Nación imputó a distancia a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, también conocido como el “Zar del Contrabando”, por los delitos de concierto para delinquir y cohecho para dar u ofrecer. Aunque el procesado se encuentra en Oporto, Portugal, la justicia colombiana logró avanzar en el proceso luego de que el pasado 24 de enero el Juzgado 48 de Garantías de Bogotá lo declarara en contumacia, permitiendo que se le imputaran cargos en su ausencia.
La jueza a cargo calificó la actitud de Marín Buitrago como una “burla a la justicia”, ya que en reiteradas ocasiones se le había solicitado asistir virtualmente a las audiencias y se negó a hacerlo. “Existe una evidencia de su renuncia, lo dijo en el poder y lo manifestó en dos oportunidades ante la judicatura, sin justa causa”, sentenció la magistrada.
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Extradición en curso: una lucha contra la evasión de la justicia
El 28 de enero, el Ministerio de Justicia de Portugal, encabezado por Rita Alarcão, aprobó la solicitud de extradición presentada por Colombia. Sin embargo, para que el traslado de Marín Buitrago sea efectivo, aún falta la autorización final del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal. A pesar de haber sido notificado de la decisión, el acusado argumentó que no comprendió el documento, ya que estaba redactado en portugués.
El “Zar del Contrabando” fue capturado en diciembre de 2024 en Portugal, tras haber huido de España. En su intento por evadir la justicia colombiana, solicitó refugio en el país luso, petición que le fue negada. Ahora, con la imputación formal de la Fiscalía, se espera que el proceso judicial en Colombia tome un nuevo impulso y que su extradición se concrete en los próximos meses.
De acuerdo con la Fiscalía, Diego Marín Buitrago sería un actor clave en una estructura criminal dedicada al contrabando de mercancía a través del puerto de Buenaventura, con la colaboración de funcionarios corruptos. Se le acusa de haber entregado sobornos a agentes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para garantizar el ingreso de productos ilegales sin ser detectados.
Según las investigaciones, alias Papá Pitufo habría ofrecido pagos de hasta $8 millones a oficiales de la Polfa en 2023, en un esquema que involucraba al mayor Mario Andrés Sarmiento, que para entonces ocupaba el cargo de secretario privado del director de la Polfa. La Fiscalía también cuenta con el testimonio de agentes encubiertos que recibieron ofertas de soborno y ahora son testigos en el caso.
El impacto de estas acciones ilegales ha sido significativo para la economía colombiana. La Policía ha estimado que la red de contrabando de Marín Buitrago logró evadir impuestos por un valor cercano a los $8 billones. En ese contexto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se ha declarado víctima dentro del proceso judicial y respalda la acusación presentada por la Fiscalía.
Estrategia de defensa y recursos legales
El abogado de Marín Buitrago, Edgar Villamil, presentó varios recursos legales en un intento por frenar el proceso. Su principal argumento es que la imputación debió haberse postergado hasta que la extradición fuera definida por la justicia portuguesa. Además, la defensa solicitó el aplazamiento de la diligencia para garantizar la presencia virtual de su cliente, petición que fue rechazada por la jueza.
El jurista también interpuso recursos de reposición y apelación, insistiendo en que el proceso debería suspenderse hasta la resolución final de la extradición. Sin embargo, con la declaración de contumacia, la imputación formal de cargos y la inminente resolución del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal sobre su extradición, el futuro judicial de alias Papá Pitufo parece estar cada vez más cerca de definirse.
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