En un caso que subraya la importancia de la justicia laboral dentro de las instituciones militares, la Procuraduría General de la Nación determinó que la coronel Claudia Marcela Pérez Santos, que se desempeñaba como directora del Dispensario Médico de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, incurrió en acoso laboral contra un oficial bajo su mando.
La sanción impuesta incluye su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un período de 12 años, según indicó el Ministerio Público.
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De acuerdo con la Procuraduría, los hechos que motivaron esta decisión ocurrieron en 2020, cuando la coronel Pérez Santos realizó múltiples anotaciones negativas sobre el desempeño laboral de una capitana subordinada. Estas evaluaciones se realizaron a cabo sin que la coronel tuviera un conocimiento directo y continuo del trabajo de la oficial, debido a diversas situaciones administrativas que impidieron una interacción constante entre ambas.
El análisis de la Procuraduría reveló que las evaluaciones realizadas por el coronel Pérez Santos no consideraron las circunstancias particulares de la capitana evaluada.
Según el organismo, los objetivos laborales asignados a la oficial fueron diseñados para cumplirse en un período de 400 días. Sin embargo, debido a licencias justificadas, como incapacidad médica, licencia de maternidad y vacaciones, el capitán estuvo ausente durante 177 días consecutivos. Esto reducirá el tiempo efectivo para cumplir con los objetivos a solo 21 días.
La Procuraduría destacó que, a pesar de esta situación, las evaluaciones realizadas por el coronel no ajustaron el nivel de exigencia ni tomaron en cuenta el período de ausentismo plenamente justificado. Esta falta de consideración fue un factor clave en la decisión del organismo de calificar la conducta como acoso laboral.
Otro aspecto relevante del caso es que las anotaciones negativas en la hoja de vida de la capitana continuarán incluso después de que se emitiera y notificara una orden administrativa de traslado para la oficial. Según el Ministerio Público, estas acciones reflejan una intención deliberada por parte del coronel Pérez Santos de descalificar el trabajo de su subalterna, a pesar de que esta ya no se encontraba bajo su mando directo.
La Procuraduría General de la Nación calificó esta conducta como una falta gravísima cometida con dolo, lo que implica que el coronel actuó con plena conciencia de las consecuencias de sus acciones.
La sanción impuesta por la entidad no solo implica la destitución del coronel Pérez Santos de su cargo actual, sino que también la inhabilita para ocupar cualquier cargo en el sector público durante los próximos 12 años. Esta decisión, emitida en primera instancia, resalta el compromiso del organismo con la protección de los derechos laborales y el respeto a las normas éticas dentro de las instituciones del Estado.
No obstante, el coronel tiene la posibilidad de apelar esta decisión. Según informó la Procuraduría, el recurso de apelación puede ser presentado ante la Sala Disciplinaria Ordinaria, que será la encargada de revisar el caso y emitir un fallo definitivo.
Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar un entorno laboral justo y respetuoso, incluso en instituciones jerárquicas como el Ejército Nacional. La Procuraduría enfatizó que las evaluaciones laborales deben considerar las circunstancias particulares de cada individuo y evitar cualquier tipo de abuso de poder que pueda afectar la integridad y el desempeño de los trabajadores.
La decisión también envía un mensaje claro sobre las consecuencias de incurrir en conductas de acoso laboral, especialmente cuando estas afectan a personas en situaciones vulnerables, como el caso de la capitán, quien enfrentó un período prolongado de ausencias justificadas.
Con esta sanción, la Procuraduría reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales y el cumplimiento de las normas disciplinarias en todas las entidades públicas del país.
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