La Procuraduría General de la Nación calificó el 29 de enero como “gravísimas” las faltas cometidas por varios docentes que presentaron títulos académicos falsos para acceder a cargos públicos o mejorar sus condiciones laborales.
Según informó el organismo, las sanciones incluyen destituciones e inhabilidades que van desde los 5 hasta los 12 años, afectando a varios funcionarios del sector educativo en el país.
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De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría, el caso más severo corresponde a Henry Navarro González, quien fue destituido e inhabilitado por 12 años.
Navarro, adscrito a la Secretaría Distrital de Educación, presentó un diploma falso de licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas, supuestamente emitido por la Universidad Santo Tomás, para ocupar un cargo como maestro provisional en la Institución Educativa Distrital (IED) Colegio Kennedy. Este documento le permitió reemplazar a una funcionaria en el plantel educativo, lo que llevó a la apertura de un proceso disciplinario en su contra.
Otro caso destacado es el de Carlos Andrés Uricoechea Mendoza, quien fue sancionado con 10 años de inhabilidad. Según detalló la Procuraduría, Uricoechea presentó un título falso de magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos, presuntamente otorgado por la Universidad Nacional, durante el año 2022. Este documento le permitió acceder a un nuevo escalafón en su carrera docente, lo que implicó un aumento en su asignación salarial.
Además de estos dos casos, otros cuatro docentes también fueron sancionados por presentar diplomas fraudulentos. Los afectados son Omar Arturo Cuestas Torres, Alexánder Rosero Recalde, Luz Dary Mora Hernández y Sandra Janeth Urbina Pulido, quienes recibieron una inhabilidad de 5 años para ocupar cargos públicos. Según el fallo, estos docentes utilizaron documentos falsificados para acceder a diferentes posiciones en instituciones educativas del país.
El organismo de control explicó que los sancionados admitieron los hechos durante el proceso disciplinario, lo que les permitió acogerse a una rebaja en las sanciones.
Sin embargo, la Procuraduría subrayó que las acciones de estos funcionarios vulneraron principios fundamentales como la moralidad pública, la transparencia y la lealtad, valores esenciales en el ejercicio de la función pública.
Más funcionarios bajo la lupa
La Procuraduría también investiga a otros siete funcionarios por conductas similares, entre ellos Natalia Barragán González, Yisela Yolima Bautista Valderrama, Johann Marlon Santander, César Alonso Delgado Benavides, Bertha Cecilia Salamanca Ramírez, Cristian Lara Sarmiento y Yudi Lesnaida Umbarila Olivares. Estos habrían presentado documentación académica presuntamente falsificada para ocupar cargos en instituciones educativas de la capital.
Uno de los casos más sonados es el de María Cristina Vega Fajardo, quien fue nombrada orientadora y docente en el colegio El Japón con títulos que no serían legítimos.
Entre los documentos cuestionados se encuentran un diploma falso de licenciatura en Educación Básica Primaria de la Corporación de Educación Nacional de Administración y otro en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional.
Natalia Barragán González, quien ejerce como docente en el colegio Luis López Mesa, enfrenta una investigación por presentar un diploma adulterado que la acreditaría como licenciada en Educación Especial de la Fundación Universitaria Los Libertadores y como magíster en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana.
En el caso de Yisela Yolima Bautista Valderrama, está siendo procesada por haber incluido en su hoja de vida un título de especialista en Gerencia de Talento Humano de la Corporación Universitaria Asturias, que se sospecha podría ser falso.
Asimismo, Johann Marlon Santander y César Alonso Delgado Benavides son investigados por la Procuraduría por la posible presentación de diplomas falsos. Santander habría entregado documentos que lo acreditaban como especialista en Intervenciones Psicosociales y en Pedagogía y Docencia, mientras que Delgado Benavides utilizó documentación apócrifa para acceder a su puesto en la Institución Educativa Distrital (IED) Colegio Manuel Beltrán.
Por último, Bertha Cecilia Salamanca Ramírez está siendo investigada por presuntamente haber presentado un acta de grado falsificada que la acreditaba como licenciada en Educación Preescolar de la Universidad San Buenaventura, y Cristian Lara Sarmiento está siendo señalado por supuestamente haber adulterado su currículo con títulos falsificados.
Yudi Lesnaida Umbarila Olivares enfrenta acusaciones por haber ingresado de manera provisional al colegio Débora Arango Pérez con títulos que, según la Procuraduría, carecen de veracidad.
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