La posibilidad de vivir racionamientos eléctricos en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y once municipios de Magdalena estaría cada vez más cerca debido a la crítica situación financiera de Afinia, filial del Grupo EPM.
De hecho, según información conocida por el diario La República, la empresa enfrenta una deuda acumulada de dos billones de pesos, derivada del incumplimiento del Gobierno nacional en el desembolso de subsidios y pagos relacionados con la opción tarifaria.
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Esta situación podría obligar a la compañía a tomar decisiones drásticas a partir de marzo de 2024, según declaraciones de John Maya Salazar, gerente general de EPM.
De acuerdo con Maya Salazar, la deuda incluye 700.000 millones de pesos correspondientes a subsidios para los estratos 1, 2 y 3, y un billón de pesos por concepto de la opción tarifaria.
Aunque recientemente se desembolsaron 33.000 millones de pesos, esta cifra resultaría insuficiente para garantizar la continuidad operativa de la empresa más allá de finales de febrero.
“Si en marzo no hay pagos, hay que tomar decisiones más radicales, como un racionamiento”, advirtió el gerente general de EPM al medio citado.
Según se conoció, la situación es particularmente crítica en el departamento del Cesar, donde las pérdidas de energía alcanzan el 40%, según detalló Maya Salazar.
Este porcentaje, sumado a la falta de recursos, pone a esta región en una posición especialmente vulnerable frente a un posible racionamiento.
La crisis financiera de Afinia no solo amenaza con interrumpir el suministro eléctrico, sino que también genera preocupación en los sectores económicos y políticos de la región Caribe.
Sin embargo, el Grupo EPM ha planteado al Gobierno nacional una serie de propuestas que incluyen la posibilidad de igualar las tarifas de la región Caribe con las de Antioquia mediante contratos a largo plazo para Afinia y Air-e.
Según Maya Salazar, otra alternativa sería socializar las pérdidas energéticas en todo el país durante un tiempo determinado, lo que permitiría reducir el costo promedio del kilovatio hora en la región Caribe de 1.200 pesos a 850 pesos, cifra similar a la que se paga en Antioquia.
Además, EPM ha sugerido un “trueque” con el Gobierno, en el que las deudas por la opción tarifaria se compensen con los impuestos que la empresa paga al Estado. Esta medida, según el gerente general, permitiría a Afinia contar con los recursos necesarios para mantener su operación.
Sin embargo, la posibilidad de un racionamiento eléctrico ha generado una fuerte reacción entre los gremios y sectores económicos de la región.
Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, expresó su preocupación por el impacto que esta situación tendría en la competitividad y operatividad del tejido empresarial de Bolívar y otros departamentos.
Oliveros hizo un llamado al Gobierno para que cumpla con los compromisos asumidos y garantice los recursos necesarios para evitar una crisis operativa en marzo.
Por su parte, Hernán Araujo, presidente del Comité Intergremial del Cesar, destacó que desde diciembre se ha venido alertando sobre la difícil situación de Afinia.
Araujo puso sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno honre sus compromisos financieros para evitar un colapso en el suministro eléctrico, que afectaría tanto a los hogares como al sector productivo.
Desde el Senado, el panorama también ha generado inquietud. Jorge Benedetti, senador de Cambio Radical, calificó la situación de Afinia como “completamente inviable” y expresó su preocupación por la incertidumbre que esto genera en la región Caribe.
Benedetti advirtió sobre el riesgo de una posible politización de la empresa en caso de que el Gobierno nacional asuma su control, como ocurrió con Air-e, y enfatizó la necesidad de garantizar un servicio de calidad con tarifas justas.
El senador Didier Lobo también manifestó su preocupación, especialmente por la situación en el Cesar, donde las pérdidas energéticas son significativas. Lobo instó al Ministerio de Minas y Energía a buscar soluciones inmediatas para garantizar la seguridad energética en la región.
Por su parte, el sector empresarial de Bolívar ha reiterado su llamado al Gobierno nacional para que cumpla de manera inmediata con los pagos pendientes a Afinia y garantice la continuidad del servicio eléctrico en la región.
Además, han solicitado la implementación de un plan de acción integral que asegure la sostenibilidad financiera del sector energético y evite que situaciones similares se repitan en el futuro.
Los gremios también han pedido la apertura de un espacio de diálogo efectivo y transparente entre el Gobierno, las empresas prestadoras de servicios, los gobiernos locales y la ciudadanía.
Según el Consejo Gremial de Bolívar, la interrupción del servicio eléctrico tendría consecuencias graves, desde el deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos hasta la afectación del empleo, la inversión y los ingresos tributarios en la región y el país.
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