Giro en el caso del llamado ‘zar del contrabando’ en Colombia: Portugal aceptó extraditarlo

La Fiscalía General de la Nación recibió una carta de la ministra de Justicia de Portugal, Rita Alarcão Júdice, donde da un respaldo a la solicitud de extradición hecha por el Gobierno de Colombia contra el denominado capo del contrabando Diego Marín, mejor conocido como “Papá Pitufo”.

En la misiva revelada por Cambio, el Gobierno de Portugal, aseguró que una vez estudiado el caso, se declaró “procedente la solicitud de extradición presentada por la República de Colombia respecto de Diego Marín Buitrago”.

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Así las cosas, Portugal consideró que la extradición de Marín es procedente, debido a que los delitos de “Papá Pitufo” son punibles en el ordenamiento de la justicia de Portugal.

“Teniendo en cuenta la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, declaro procedente la solicitud de extradición presentada por la República de Colombia respecto de Diego Marín Buitrago”, se lee en la carta revelada por Cambio.

Según el citado medio, el equipo legal de Diego Marín, encabezado por el exviceministro de Justicia Camilo Andrés Rojas y el exfiscal general Mario Iguarán, ha cuestionado la legalidad del proceso de extradición iniciado por Colombia.

Han presentado derechos de petición a diversas instituciones, incluyendo la Cancillería, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, exigiendo claridad sobre los fundamentos legales utilizados para solicitar el traslado de Marín desde Portugal. Entre los puntos planteados, preguntan si se ha formalizado el trámite, qué instrumentos internacionales respaldan la solicitud y si existe una resolución que defina la situación jurídica del procesado.

El abogado Rojas negó que su cliente haya rehusado colaborar con la justicia colombiana. Según explicó, Marín solicitó el aplazamiento de la audiencia del 18 de diciembre de 2024 porque no había logrado comunicarse con su abogado. Además, afirmó que desde entonces su cliente no ha podido tener contacto con el defensor que lo representa actualmente, Édgar Villamil.

También argumentó que las demoras en el proceso son atribuibles a errores procedimentales cometidos por la Fiscalía, y no a maniobras de la defensa. Por otro lado, señaló que el equipo de Marín se enteró recientemente, a través de una abogada en Portugal, de que Colombia ya formalizó la solicitud de extradición, aunque no han recibido notificación oficial al respecto.

La juez encargada del caso criticó la situación, calificándola como una “burla a la justicia” debido a los constantes retrasos. Señaló que tanto las acciones de la defensa como la falta de colaboración de las autoridades portuguesas han obstaculizado el avance de las diligencias. Según la juez, las autoridades lusas han justificado su renuencia a conectar a Marín argumentando que no se han cumplido los plazos legales para la notificación. En respuesta, Portugal propuso nuevas fechas para las audiencias los días 20, 21 y 22 de enero.

Desde su recaptura en Portugal el 3 de diciembre de 2024, el proceso ha estado marcado por múltiples contratiempos. La Fiscalía intentó realizar las audiencias de imputación en contumacia, es decir, sin la presencia del procesado, pero estas se han postergado en varias ocasiones. Entre las fechas programadas –13, 18 y 27 de diciembre de 2024, además del 2 y 8 de enero de 2025–, ninguna se llevó a cabo. Las causas incluyeron solicitudes de aplazamiento por parte de la defensa, recusaciones contra el juez y problemas logísticos para conectar al procesado desde Portugal.

El caso adquirió una dimensión polémica cuando el 27 de diciembre no se realizó la audiencia debido a que las autoridades portuguesas no facilitaron la conexión de Marín. Posteriormente, el 2 de enero, la diligencia se suspendió porque las autoridades lusas indicaron que no retomarían sus funciones hasta después del puente de Reyes.

Finalmente, el 8 de enero, el abogado David Leonardo Pardo renunció, y su reemplazo, Édgar Villamil, no pudo acreditar su representación porque Marín no fue conectado al proceso.

Uno de los aspectos más discutidos ha sido si la imputación de cargos y la medida de aseguramiento son indispensables para solicitar la extradición. Según la Fiscalía, la orden de captura internacional vigente es suficiente para proceder con el trámite. Sin embargo, la defensa sostiene que la falta de resolución sobre la situación jurídica de Marín podría ser utilizada por Portugal como fundamento para rechazar la solicitud.

La captura de Diego Marín en Portugal fue anunciada el 3 de diciembre de 2024. Había huido de España, donde fue detenido inicialmente en abril del mismo año. El Gobierno colombiano celebró la recaptura, confiando en que su extradición sería cuestión de días. Sin embargo, más de un mes después, la Fiscalía no ha logrado imputarle cargos ni solicitar una medida de aseguramiento, lo que pone en riesgo el éxito del proceso.