El Gobierno nacional dio un paso importante para abordar la crisis de financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, al presentar un proyecto de resolución para centralizar la compra de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades huérfanas y otros de alto costo.
Este proyecto surge como respuesta a la crisis estructural del sistema de salud, que fue recientemente evidenciada por la Corte Constitucional, debido al incumplimiento de las órdenes relacionadas con los presupuestos máximos en el sector.
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A través de la nueva resolución, el Ministerio de Salud plantea un cambio significativo en la adquisición de medicamentos costosos, un proceso que hasta ahora se realizaba a través de presupuestos máximos, una modalidad que ha generado múltiples dificultades en su ejecución. En ese sentido, el proyecto propone que la compra centralizada se realice mediante el Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que permitirá un manejo más eficiente y equitativo de los recursos destinados a estos medicamentos.
Según el proyecto de resolución, la compra de medicamentos se centrará en aquellos para enfermedades de baja prevalencia, alto costo, o que aún no tengan alternativas terapéuticas satisfactorias. Para determinar qué medicamentos se incluirán en este proceso, se tendrán en cuenta varios criterios, entre los cuales destacan:
- Medicamentos que atiendan enfermedades de baja prevalencia y de alto costo o necesidades terapéuticas insatisfechas.
- Medicamentos que presenten o puedan presentar un impacto financiero sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud
- Evidencia científica disponible sobre la efectividad y seguridad de los tratamientos
- Disponibilidad de recursos financieros para la compra.
Además, se subraya la responsabilidad de los médicos tratantes, quienes deberán verificar el cumplimiento de los criterios clínicos y realizar las prescripciones necesarias a través de la plataforma MiPres.
Crisis presupuestal e incumplimiento de órdenes judiciales
La centralización de la compra de medicamentos llega en un momento crítico para el sistema de salud colombiano, tras la declaratoria de incumplimiento de la suficiencia de los presupuestos máximos por parte de la Corte Constitucional. Esta medida, tomada en respuesta al seguimiento de la histórica Sentencia T-760 de 2008, pone en evidencia las profundas deficiencias en el manejo financiero del sector salud. En este sentido, el alto tribunal abrió un incidente de desacato contra el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debido al incumplimiento de las órdenes judiciales sobre la suficiencia de los presupuestos máximos.
El Auto 2049, emitido el 13 de diciembre de 2024, destacó las graves deficiencias en la asignación y distribución de los recursos para el año 2024. Aunque el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) había autorizado una transferencia de $819.000 millones para el reajuste de los presupuestos de 2022, estos recursos nunca fueron entregados por el Ministerio de Hacienda.
Este incumplimiento, según la Corte, no solo vulnera las disposiciones legales, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud y la continuidad de los servicios para millones de colombianos.
La falta de una metodología clara y unificada para definir y reajustar los presupuestos máximos también ha generado incertidumbre y desconfianza en el sistema de salud, lo que ha afectado negativamente a los usuarios que dependen de servicios no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Las consecuencias de estos problemas financieros son graves, ya que incrementan la presión sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y amenazan la calidad de la atención que reciben los pacientes.
Respuesta del Ministerio de Salud
Ante esta situación, el Ministerio de Salud, a través de su oficina jurídica dirigida por Rodolfo Enrique Salas, ha solicitado a la Corte Constitucional una aclaración sobre las medidas adoptadas en el incidente de desacato. La cartera argumenta que se han cumplido las órdenes dentro de los plazos establecidos, aunque señaló que existen “inconsistencias” en la interpretación de las instrucciones, especialmente en lo que respecta al pago de los presupuestos máximos.
El ministerio también planteó que la Corte aclare las fechas límite para la transferencia de los recursos, ya que los plazos establecidos para 2024 ya han expirado. Además, se ha cuestionado la instrucción que establece que los presupuestos máximos de 2025 deben ser pagados dentro de los primeros 15 días de cada mes, pues este mandato podría generar conflictos con la normativa vigente.