La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) respondió ante las reiteradas denuncias por las deficiencias en la calidad y cantidad de los alimentos suministrados a las reclusas de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. Estas acciones se producen después de que las internas iniciaran una huelga de hambre el 22 de enero, como medida de protesta por lo que consideran una vulneración de su derecho a una alimentación digna.
Desde noviembre de 2024, las internas del Buen Pastor han expresado de forma sostenida su inconformidad con el servicio de alimentación, denunciando problemas graves como la insuficiencia de las raciones, la mala calidad de los alimentos y dudas respecto a las condiciones higiénicas durante su preparación. Estas carencias, según las reclusas, han afectado negativamente su salud y han incrementado el ambiente de tensión dentro del penal.
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En respuesta a esta situación, la fundación Corporación Corazón Humano, liderada por su directora Esperanza Bustamante, interpuso el 13 de noviembre una acción de tutela contra la Uspec y la Unión Temporal Andino Colombiano, empresa contratada para el suministro de alimentos.
Según detalló en el recurso legal, las condiciones actuales en el penal no cumplen con los estándares mínimos establecidos en la normativa nacional e internacional para la protección de las personas privadas de la libertad. Por ello se exigió la implementación inmediata de medidas que garanticen los alimentos adecuados en cantidad y calidad, además de investigar posibles irregularidades en la ejecución del contrato por parte del operador.
Cabe destacar que, esta no es la primera vez que las reclusas recurren a medidas de presión. En mayo de 2024 también realizaron una huelga de hambre en protesta por fallas nutricionales y problemas de infraestructura sanitaria. Sin embargo, según el colectivo Mujeres Libres, las soluciones ofrecidas en ese momento fueron insuficientes, lo que ha agravado la situación con el tiempo.
Medidas anunciadas por la Uspec
En un comunicado emitido tras las recientes protestas, la Uspec reconoció las deficiencias en el servicio de alimentación de las reclusas del Buen Pastor y anunció una serie de medidas correctivas: “La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, atendiendo a los hechos que se han presentado en los últimos días relacionados con las deficiencias en la prestación del servicio de alimentación (...) informa a la opinión pública y a las familias de las personas privadas de la libertad (...) que se tomarán acciones inmediatas”, reza el comunicado.
Entre las medidas adoptadas destacan:
- Visitas al penal: la entidad aseguró que la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en conjunto con el Inpec y la Uspec, visitó el establecimiento para dialogar directamente con las reclusas y comprometerse a solucionar las fallas identificadas.
- Sanciones al operador: la Uspec inició procesos administrativos contra el actual operador del servicio de alimentación, garantizando el debido proceso. Adicionalmente, ordenó a la interventoría contratada, el Consorcio Interalimentos 2024, hacer presencia permanente en el penal y presentar informes en tiempo real sobre la prestación del servicio.
- Seguimiento permanente: se creó una mesa de seguimiento conformada por representantes del Inpec, Uspec, la interventoría y el operador de alimentación. Esta instancia se encargará de garantizar que el servicio sea digno y acorde a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
- Compromiso con la calidad: la Uspec se comprometió de seguir monitoreando rigurosamente todos los servicios que caen bajo su responsabilidad, con el objetivo de “dignificar y humanizar el sistema penitenciario”, según indicó en el comunicado.
Un reto para el sistema penitenciario
El caso de la cárcel El Buen Pastor es un reflejo de los numerosos desafíos que enfrenta el sistema penitenciario en Colombia. La sobrepoblación, la falta de recursos y la negligencia en la prestación de servicios básicos son problemas recurrentes que exigen una atención inmediata.
Las medidas adoptadas por la Uspec pueden representar un avance, pero también plantean la necesidad de una vigilancia constante para garantizar que se cumplan los compromisos adquiridos.
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