La violencia generada por los grupos armados ilegales en Colombia ha dejado una huella en diversas regiones del país. Aunque la atención internacional y nacional en el comienzo de 2025 están centradas en el Catatumbo, en el norte de Santander; otra zona del país vive una situación de igual gravedad: el suroeste de Antioquia, específicamente en el municipio de Jericó. Este territorio también enfrenta ataques y desplazamientos, lo que llevó a la preocupación por el control territorial ejercido por los grupos armados ilegales en otras partes del país.
La denuncia fue realizada por el representante a la Cámara Juan Espinal, que solicitó la intervención del presidente Gustavo Petro y del Gobierno nacional para abordar esta emergencia en un contexto que parece seguir escalando en violencia.
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El Catatumbo, conocido por ser una de las zonas más afectadas por el conflicto armado interno en Colombia, vive semanas de violencia a manos de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc, entre otros actores ilegales. La región es escenario de asesinatos, desplazamientos forzados, y secuestros, lo que provocó un impacto devastador sobre la población civil. En enero de 2025 se registró la muerte de ocho firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y la desaparición de once personas, cifras que alarman tanto a la comunidad nacional como internacional.
El presidente Gustavo Petro calificó esta situación como un “fracaso de la Nación”, afirmando que el conflicto en el Catatumbo es uno de los hechos más dramáticos de la historia reciente de Colombia. La crisis dejó un saldo de más de 80 muertos debido a los enfrentamientos entre guerrillas, por lo que la Fiscalía General de la Nación intensificó las acciones judiciales, reactivando la captura de 31 miembros del ELN, que se les acusa de contribuir al aumento de la violencia en la región.
En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también compartió su preocupación. La ONU denunció que las violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) por parte de los grupos armados ilegales son una constante en la región, instando a respetar los derechos humanos y a cesar las hostilidades, pero a pesar de las alertas, el panorama en el Catatumbo sigue siendo crítico, mientras que en otros territorios el conflicto se extiende.
El suroeste de Antioquia: Jericó y la emergencia silenciada
Aunque el Catatumbo es el foco principal de atención, el congresista Juan Espinal dio un paso hacia la visibilización de la situación en Jericó, un municipio ubicado en la subregión suroeste de Antioquia. A través de un video compartido en su cuenta de X, el legislador mostró a la comunidad el sonido de las balas provenientes de esta región, lo que generó una alarma sobre el avance de grupos armados como el Clan del Golfo.
En su publicación, Espinal declaró que “no es en el Catatumbo, es en Jericó”, un mensaje que resalta la urgencia de enfrentar la violencia en este municipio, que es escenario de ataques sistemáticos.
Según el representante, la situación en Jericó escaló de tal manera que ya no se trata solo de palabras, sino de poner ‘manos a la obra’ para detener el avance de estos grupos. Espinal hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que se aumente la presencia de la fuerza pública en la zona y se tomen medidas más contundentes para frenar la violencia el mencionado territorio: “Deje tanto discurso y pase a la acción, el Suroeste antioqueño requiere de su apoyo, necesitamos aumentar la presencia de la fuerza pública”.
“No podemos permitir que el Clan del Golfo se apodere del Suroeste antioqueño”, expresó el congresista en su mensaje, enfatizando que la región requiere de atención inmediata.
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