Fernando Vargas, de 54 años, falleció el 16 de enero en el Hospital Santa Clara de Bogotá, luego de permanecer en coma desde noviembre de 2024.
Vargas fue atacado con un destornillador en su hogar, en la localidad de Usme, lo que le causó graves lesiones cerebrales.
La agresora, identificada como su pareja, Luisa Fernanda Arango, de 34 años, fue capturada por la Policía el mismo día del ataque y enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado y violencia intrafamiliar.
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El ataque ocurrió a finales de noviembre de 2024, cuando Vargas llegó a su casa para recoger algunas pertenencias, ya que planeaba mudarse.
Durante este tiempo, su pareja lo atacó con un destornillador, hiriéndolo en el ojo y causándole un daño cerebral. Tras el ataque, Vargas fue trasladado al hospital y permaneció en coma durante casi dos meses, hasta su fallecimiento.
Jessica Vargas también denunció que la agresora, quien presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas al momento del ataque, llamó a su hermano, un abogado, para pedirle asesoría.
Según el testimonio de la sobrina de la víctima, el abogado le aconsejó que se lavara las manos si tenía sangre en ellas.
Aunque la denuncia fue presentada como tentativa de homicidio, el fiscal encargado del caso dejó en libertad a la mujer, argumentando que no se habían presentado pruebas suficientes en su contra.
El caso ha generado controversia debido a la decisión judicial de dejar en libertad a la presunta agresora. A pesar de que la mujer fue capturada y enfrentó cargos, un juez determinó que no representaba un peligro para la víctima y le concedió la libertad.
Esta decisión ha sido cuestionada por la familia de Vargas, quienes consideran que no se han tomado las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la justicia en este caso.
Según los testimonios de los familiares de Vargas, este no fue el primer incidente violento en la relación. Se ha señalado que la pareja ya había tenido otros conflictos previos, y Vargas había intentado terminar la relación en varias ocasiones. La agresora, según los familiares, amenazaba con suicidarse si él lo dejaba.
Jessica Vargas, sobrina de Fernando, cuestionó la decisión de la jueza que dejó en libertad a la presunta agresora. En declaraciones recogidas por Citytv, afirmó que si los roles hubieran estado invertidos, es decir, si su tío hubiera sido el agresor, probablemente estaría en prisión.
“No hay igualdad de género, porque si hubiera sido mi tío el que lo hace con ella, ya estaría en la cárcel por lo que hizo, pero como es una mujer entonces ella tiene derecho a rehacer su vida”, expresó.
La familia de Fernando Vargas ha expresado su preocupación por el manejo judicial del caso y ha pedido a las autoridades que se actúe con más rapidez en la investigación. Los familiares también han señalado que temen que la agresora no enfrente las consecuencias legales correspondientes y que el caso quede impune.
En 2024, Bogotá enfrentó un alarmante aumento de la violencia intrafamiliar, que alcanzó un total de 42.372 casos reportados, lo que representa un incremento del 15,93 % en comparación con el año anterior. Esta situación ha puesto en evidencia una de las problemáticas más graves que afecta a la población de la capital, con mujeres y niños como principales víctimas dentro de sus propios hogares.
Según el informe del programa Bogotá Cómo Vamos, la violencia intrafamiliar se ha consolidado como una de las principales preocupaciones para los ciudadanos y las autoridades locales. Este tipo de agresión no solo representa un grave atentado contra la integridad de las víctimas, sino que también revela las deficiencias en la implementación de políticas públicas eficaces para prevenir y sancionar este flagelo.
Según la Alcaldía, en muchos casos, las víctimas sufren violencia física, psicológica y emocional dentro de sus hogares, donde se supone que deberían estar seguros.
Expertos en derechos humanos y organizaciones feministas han señalado que la respuesta institucional no ha sido suficiente para frenar esta tendencia, y han pedido un fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.
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