Estos son los ministros del Gobierno Petro que tendrán que declarar ante la Corte Suprema por el escándalo de la Ungrd: Ricardo Bonilla tendrá que hacerlo de forma presencial

La Corte Suprema de Justicia citó a tres ministros del actual gobierno y a un exministro para que rindan testimonio en el marco de una investigación por el esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Los funcionarios llamados por el alto tribunal deberán aportar información clave sobre un entramado que involucra a congresistas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que habrían recibido beneficios a cambio de favorecer operaciones de crédito público del Gobierno nacional.

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Entre los citados se encuentran Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo; Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud; y Diego Guevara, actual ministro de Hacienda, que para la época de los hechos se desempeñaba como viceministro de esa cartera.

Además, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también deberá comparecer ante la Sala de Instrucción de la Corte. Mientras que los actuales ministros podrán presentar sus declaraciones mediante certificaciones juramentadas, Bonilla deberá acudir de manera presencial al tribunal en Bogotá.

De acuerdo con la información publicada por Semana, la investigación se centra en un supuesto “cónclave” de ministros que habría tenido lugar en 2023. En esta reunión, presuntamente se discutió la posibilidad de sobornar a congresistas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para garantizar su apoyo a proyectos de crédito público impulsados por el Gobierno.

Por su parte, los congresistas investigados en este caso son Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y el exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz Cabrera.

Según la Corte Suprema de Justicia, estos legisladores habrían recibido dádivas a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito. Los supuestos sobornos estaban vinculados a proyectos gestionados a través de la Ungrd en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).

Así mismo, se detalló que el esquema de corrupción habría involucrado contratos por un valor superior a los 92.000 millones de pesos. Estos contratos habrían sido utilizados como moneda de cambio para garantizar el respaldo de los congresistas a las iniciativas del Gobierno en las comisiones económicas.

En este contexto, el exministro Ricardo Bonilla fue señalado como una figura clave en el direccionamiento de tres proyectos específicos en los municipios mencionados.

Según el testimonio de Andrea Ramírez, asesora del exministro Bonilla, en el Ministerio de Hacienda existía una “matriz” que vinculaba contratos con congresistas para priorizar proyectos de interés particular. Ramírez también reveló que algunos legisladores ejercieron presiones para acelerar la ejecución de estos contratos, lo que refuerza las sospechas de un intercambio ilícito de favores.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, presidida por el magistrado Misael Rodríguez, lidera esta investigación que busca esclarecer el alcance del presunto saqueo de recursos públicos a través de la Ungrd.

Aunque los ministros citados no están formalmente vinculados al caso como imputados, su testimonio podría ser crucial para determinar si tenían conocimiento de las irregularidades o si participaron de alguna manera en las decisiones relacionadas con los contratos y los proyectos cuestionados.

Por su parte, los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, también fueron señalados como los presuntos actores principales en este esquema de corrupción. Según las declaraciones recopiladas por la Corte, estos funcionarios habrían facilitado la asignación de contratos a cambio de beneficios políticos y económicos.

El caso generó un fuerte impacto en el ámbito político, ya que involucra a miembros del actual gobierno y a congresistas en ejercicio. Aunque los ministros citados no son aforados, lo que significa que la Corte Suprema no tiene competencia directa sobre ellos, su participación en la investigación subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer los hechos.

Además, este escándalo pone en el centro de atención la gestión de recursos públicos y la transparencia en la asignación de contratos en entidades como la Ungrd, que tiene un papel crucial en la atención de emergencias y desastres en el país.

La Corte Suprema continuará recopilando testimonios y pruebas en las próximas semanas, mientras el país sigue de cerca el desarrollo de este caso que podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito judicial como en el político.