Cambios en el trámite de las visas a Estados Unidos en el 2025 afectarán a los colombianos: de qué se trata

A partir de 2025, Estados Unidos implementará cambios significativos en sus políticas de visado, con el fin de mejorar la flexibilidad en los procesos de solicitud y responder a la alta demanda proveniente de países como Colombia.

Las modificaciones afectan principalmente a las visas de trabajo, turismo y los costos asociados, con el propósito de facilitar el acceso a quienes desean ingresar al país por motivos laborales, académicos o turísticos.

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Una de las principales modificaciones incluye la expansión de los cupos para las visas de trabajo temporales H-2B, las cuales pasan de 65.000 a 120.000, con el fin de satisfacer la creciente demanda de trabajadores temporales en sectores como la agricultura, la construcción y el turismo.

Además, los beneficiarios de la visa H-1B, destinada a profesionales con títulos universitarios, podrán cambiar de empleo sin necesidad de abandonar Estados Unidos. Este cambio, junto con la ampliación del tiempo de espera de 30 a 60 días para la visa H-1B, representa una mayor flexibilidad para los solicitantes.

Los solicitantes de visas de turismo B1 y B2 también se beneficiarán con la reducción de tiempos de espera. La Embajada de Estados Unidos en Colombia ha lanzado un programa para adelantar citas, lo que permitirá a algunos solicitantes recibir su visa en un plazo de aproximadamente seis meses, frente a los largos períodos de espera de años anteriores. Este cambio responde a la alta demanda de colombianos que desean viajar por motivos de negocios o turismo.

Además de los cambios en los procesos, también se han actualizado los costos de las visas. Las visas de no inmigrante, como las de turismo o negocios (B1/B2), tendrán un costo de 185 dólares, mientras que las visas de inmigrante, como las basadas en empleo, aumentarán su tarifa a 345 dólares.

Estos ajustes de precios, aunque representan un desafío económico para algunos solicitantes, son parte de los esfuerzos por agilizar los trámites y mejorar el servicio.

Colombia destina más de 160 mil millones de pesos para nuevos pasaportes

Las nuevas oportunidades en las visas H-1B y H-2B, junto con la reducción de tiempos para las visas B1/B2, benefician especialmente a quienes buscan opciones laborales o turísticas. Aunque los nuevos costos pueden ser un factor a considerar, los ajustes reflejan un esfuerzo por mejorar los servicios y responder a las demandas del mercado.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió hasta el 23 de enero de 2025 el proceso judicial entre el Estado colombiano y la firma Thomas Greg & Sons, en el marco de una disputa por 117.000 millones de pesos.

Este conflicto legal, que ha generado incertidumbre sobre la emisión de pasaportes en el país, llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a destinar más de 160 mil millones de pesos del presupuesto de 2025 para garantizar la continuidad del servicio.

Según informó El Tiempo, estos recursos forman parte de un contrato denominado “Unión Temporal Documentos de Viaje 2025″, cuyo valor total asciende a 206 mil millones de pesos y estará vigente hasta agosto de 2025.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los fondos asignados están destinados a la personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como a la impresión y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.

Este contrato, que ya se encuentra en ejecución, fue suscrito bajo la modalidad de urgencia manifiesta, lo que permitió su adjudicación sin necesidad de un proceso de licitación pública. La medida busca evitar interrupciones en el servicio mientras se avanza hacia un modelo de producción estatal con apoyo internacional.

El Gobierno colombiano ha anunciado que, a partir del 25 de septiembre de 2025, la Imprenta Nacional asumirá la responsabilidad de la expedición de pasaportes, aunque contará con un “aliado estratégico internacional”.

Según explicó Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional, el país será el encargado de manejar los datos e información sensible de los ciudadanos, mientras que el desarrollo del software estará a cargo de un socio extranjero.

León detalló a Blu Radio que este proceso se enmarca en un acuerdo marco interadministrativo de cooperación con la Cancillería, que incluye la evaluación de ofertas de varios países y la adecuación de infraestructura técnica.