La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declarar un ‘Estado de Cosas Inconstitucional’ por la crisis en salud

La Procuraduría General de la Nación insistió a la Corte Constitucional estudiar la posibilidad de declarar un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en el sistema de salud colombiano, debido al evidente deterioro en la prestación de servicios y las inconsistencias en la regulación del sector. La solicitud, sustentada en un documento de 24 páginas, advierte sobre los efectos perjudiciales de la política del Ministerio de Salud en el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que podría comprometer la sostenibilidad del sistema y los derechos fundamentales de los pacientes.

El informe señala que el acto administrativo mediante el cual se fijó el valor de la UPC para 2025 se basó en fuentes parciales, careció de procedimientos transparentes y desatendió mandatos constitucionales fundamentales. Según la Procuraduría, el Ministerio de Salud desestimó las órdenes de la Corte Constitucional, específicamente aquellas relacionadas con la sostenibilidad financiera del sistema y el acceso equitativo a los servicios de salud.

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La Procuraduría resalta que el aumento de la UPC planteado por la cartera podría agravar la crisis de clínicas y hospitales, muchas de las cuales ya enfrentan dificultades financieras severas; sin embargo, el impacto más crítico recae sobre los pacientes, quienes verían comprometido su acceso a servicios esenciales. El documento también advierte que la falta de financiación adecuada para cubrir tecnologías y servicios de salud podría derivar en un colapso del sistema.

“La seguridad social en salud es un servicio público esencial a cargo del Estado: las disposiciones de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 le ordenan abstenerse de adoptar decisiones que afecten, directa o indirectamente, los recursos con los que se deben atender de manera oportuna y suficiente las necesidades de la población. Asimismo, le ordenan adoptar la regulación que garantice la salud de la población, respetando las normas constitucionales del debido proceso y la publicidad”, enfatizó la Procuraduría.

La solicitud ante la Corte Constitucional también detalla un historial de incumplimientos por parte del Ministerio de Salud en relación con las órdenes emitidas en la Sentencia T-760 de 2008, que buscaba garantizar la cobertura universal y la sostenibilidad del sistema de salud. Según el ente de control, el ministerio ignoró reiteradas advertencias sobre la necesidad de presentar estudios técnicos rigurosos y tomar decisiones basadas en evidencia.

Entre las omisiones más graves, el documento, que fue revelador por Caracol Radio, resalta la falta de reporte de información requerida y la demora en la implementación de acciones concretas para resolver problemas estructurales del sistema. Esto, según la Procuraduría, constituye una violación no solo de los principios de la Ley Estatutaria de Salud, sino de disposiciones disciplinarias y penales.

Un llamado urgente a la Corte Constitucional

En respuesta a esta situación, la Procuraduría propone que la Corte evalúe la viabilidad de declarar un ‘Estado de Cosas Inconstitucionales’, una figura jurídica utilizada en contextos donde la vulneración de derechos fundamentales se ha vuelto sistemática y prolongada. Este paso buscaría movilizar recursos y medidas excepcionales para garantizar que los colombianos accedan a un sistema de salud funcional y eficiente.

El Ministerio Público mostró preocupación que el sistema de salud colombiano enfrenta un grave panorama financiero para la vigencia de 2025. Según el documento, la Resolución 0205474 del 31 de diciembre de 2024 evidenció que el presupuesto destinado para los Presupuestos Máximos de este año inicia desfinanciado, con apenas $502.000 millones asignados, mientras que en 2024 la ejecución ascendió a $2.3 billones.

Además, se destaca que los ajustes realizados para cubrir los déficits de vigencias anteriores, por un billón de pesos, resultaron insuficientes, al dejar deudas pendientes desde 2022.

En consecuencia, la Procuraduría pidió poner en marcha un trámite de desacato contra el Ministerio de Salud por el incumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-760 de 2008, advirtiendo que esta situación pone en riesgo el goce efectivo del derecho a la salud y los derechos fundamentales de la población colombiana.

Por ahora, la decisión está en manos de la Corte Constitucional, que deberá determinar si las pruebas y argumentos presentados justifican la declaratoria de un ECI. La expectativa está puesta en un fallo que podría marcar un punto de inflexión para el sistema de salud en Colombia.