El porcentaje que estableció el Gobierno nacional para el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 sería insuficiente, según las EPS y los gremios de la salud. Sin embargo, según la administración de Gustavo Petro, el 5,36% de incremento, que equivale a $1.521.489 para el régimen contributivo y $1.323.401 para el subsidiado, es justo y debe servir para garantizar la prestación de todos los servicios en salud para los afiliados.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) mostró su preocupación por el aumento, aparentemente leve, asegurando que desconoce por completo los gastos verdaderos en salud que tienen que efectuar los actores del sistema con los recursos públicos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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Además, cuestionó al Gobierno Petro por haber determinado un incremento muy bajo en comparación con lo que esperaban los gremios de la salud, teniendo en cuenta que el cálculo de la UPC se basa en información de los estados financieros entregada directamente por las EPS a la cartera.
“Para el ejercicio de suficiencia, las EPS aportaron su información al MSPS bajo el proceso habitual de reporte acostumbrado por años. Desde mayo de 2023, el Ministerio cuenta con los datos requeridos y no hubo antes de finalizar el año, como es costumbre, retroalimentación a las EPS que les permitiera corregir y ajustar eventuales problemas de calidad o aclarar posibles desfases, que no son necesariamente errores y que no invalidan la información”, aclaró Acemi en un comunicado.
Los servicios post mortem de las EPS: aumentaron en un 1.000%
Pero, posteriormente, se conoció un informe de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) en el que se ponen en evidencia varias irregularidades en el manejo de los recursos de la salud por parte de las entidades promotoras de salud. Una de ellas recae en el incremento de servicios prestados luego de que los pacientes fallecieron; aumentaron en un 1.000%.
El senador del Pacto Histórico Wilson Arias, que tuvo acceso al documento de la Adres, reveló el listado de EPS que habrían mostrado una injustificada alza en el dinero destinado a la atención de usuarios que murieron. Estas habrían pretendido pedir más dinero al Ministerio de Salud para 2025, basándose en las cuestionables cifras de servicios post mortem.
“Nos cobraron más de 79.000 millones de pesos de los colombianos y, aparte de esto, pues, se pretende de ese modo inflar la proyección de la UPC. Fueron reportes de 2023 y aparecen para que hacia el 2025 le aumenten el valor de la UPC a las EPS”, aseguró el congresista en un video publicado en su cuenta de X.
Según la tabla que presentó, elaborada por la Administradora, son 26 las entidades promotoras de salud que habrían incurrido en estas irregularidades, reportando millones de pesos gastados en la atención de pacientes fallecidos. Las primeras cinco EPS reportaron miles de personas muertas y miles de millones de pesos invertidos en su atención, luego de su fallecimiento.
- Compensar reportó 4.569 personas muertas y por un valor de superior a $53.900 millones.
- Famisanar reportó 3.007 ciudadanos fallecidos, cuya atención costó más de $6.100 millones.
- Salud Total informó sobre 3.128 pacientes fallecidos, que fueron atendidos por más de $5.752 millones.
- EPS Sura atendió a 6.520 personas muertas por un valor superior a $3.300 millones.
- El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia reportó 612 ciudadanos fallecidos, que fueron atendidos por más de $2.400 millones.
El congresista Arias insinuó que ese dinero que aparentemente reportaron las EPS al Ministerio de Salud pudo haber sido utilizado para fines ilegales: “Con una fracción de esos recursos se podría comprar periodistas para que le hagan propaganda a esto y a las EPS que digan: ‘necesitamos más UPC’. Podrían comprar congresistas de la República, senadores y senadoras, con la finalidad de que acompañen la reclamación”, aseveró.
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