Tras la masacre de familia cristiana en Aguachica, líderes religiosos podrían tener esquema de seguridad

La dolorosa masacre en la que murieron los pastores cristianos Lora Rincón y sus dos hijos, líderes religiosos del país se reunieron durante más de cinco horas en el Ministerio del Interior para abordar la creciente preocupación por amenazas y hostigamientos contra miembros de grupos religiosos.

La reunión fue una mesa de seguridad para líderes del sector interreligioso, con el fin atender y analizar las denuncias que se han radicado ante las autoridades sobre amenazas contra líderes religiosos y ministros de culto en el país con el contexto del conflicto armado, como señaló Alexander Jaimes, el director de Asuntos Religiosos de la cartera, que también dijo que la reunión fue “fraterna”.

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En el encuentro, Jaimes anunció la implementación de cuatro medidas, incluida la modificación del Decreto 1066 de 2015.

Esta iniciativa busca reconocer a los líderes religiosos y ministros de culto como “sujetos especiales de protección” dentro del marco jurídico de las garantías del derecho fundamental a la libertad religiosa.

“Incluir a los líderes del sector religioso y ministros de culto como sujetos de protección, a través de la modificación del Decreto 1066 de 2015”, detalló Jaimes.

Con este ajuste, líderes religiosos podrían, tras un análisis de riesgo, tener prioridad en la asignación de esquemas de seguridad proporcionados por la Policía o la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyas delegaciones también participaron en la reunión.

Entre los otros compromisos adquiridos está la creación de un observatorio para registrar y monitorear los casos de violencia y amenazas contra líderes religiosos, así como la emisión de directivas para que las autoridades locales sean las encargadas de garantizar su seguridad.

“Segundo, crear el Observatorio de libertad religiosa, para la caracterización, estadística y diagnóstico a favor de la garantía del derecho fundamental a la libertad religiosa en Colombia; tercero, expedir la Circular Externa por medio la cual se solicita a las autoridades departamentales municipales como primeros respondientes; incluir a los líderes religiosos y ministros de culto en las rutas de atención para la implementación de la protección individual y colectiva en el marco del Decreto 22:52 del 2017″.

Lyda Arias, pastora y presidenta de la Confederación Evangélica de Colombia, valoró que el Gobierno haya escuchado sus inquietudes, pero destacó que muchas denuncias aún no se registran oficialmente.

“A raíz, lamentablemente, de esta masacre, hemos podido dialogar y encontrar casos muy específicos que han sucedido en nuestro país, pero que no se han podido contar, que afectan a pastores o ministros en poblaciones lejanas”, señaló, citada por Caracol Radio

Tras los hechos en Aguachica, los líderes cristianos expresaron temor por su seguridad, y expresan que podría apreciarse una menor asistencia a las iglesias.

Las investigaciones iniciales de la Policía sobre el caso indican que la extorsión, posiblemente vinculada al manejo de diezmos, podría ser una de las hipótesis del crimen.

A raíz de estos eventos, líderes cristianos han realizado manifestaciones para visibilizar las amenazas y hostigamientos en su contra. No obstante, según comunicó el medio, las propias iglesias indican que la violencia contra líderes religiosos disminuyó en 2024 en comparación con el año anterior.

A su vez, la cartera reconoció que, en efecto, la violencia contra pastores no tiene que ver con “casos aislados”.

“La violencia contra pastores y líderes religiosos no ha sido esporádica en el conflicto armado colombiano. Así lo evidencian instituciones como la @DefensoriaCol e informes como el de la @ComisionVerdadC. Para avanzar en acuerdos que garanticen el respeto a la diversidad religiosa, así estamos trabajando en @MinInterior”, se leyó en la cuenta de X (anteriormente Twitter) de la institución.

El 12 de agosto del 2024, la Defensoría del Pueblo presentó una cartilla titulada “Derecho fundamental de libertad religiosa y de cultos”.

Este documento, que busca educar y sensibilizar sobre la importancia de este derecho, fue dado a conocer durante el primer conversatorio interreligioso “Cultura de paz, convivencia y respeto a la libertad religiosa”.

Sin embargo, allí se enfatizó un contexto alarmante: el aumento de amenazas contra líderes religiosos en varias regiones del país.

Como informó la Defensoría del Pueblo, durante el primer semestre de 2024 se registraron 21 denuncias de amenazas contra líderes religiosos en los departamentos de Córdoba, Chocó, Putumayo, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca.

Estas cifras encendieron las alarmas sobre la vulnerabilidad de estas personas, quienes desempeñan un papel crucial en la cohesión social y la promoción de valores en sus comunidades.

La entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que implementen medidas inmediatas que garanticen la protección de estos líderes y el respeto a su derecho fundamental a la libertad de culto.

En este sentido, la Defensoría subrayó la necesidad de incluir a los líderes religiosos en el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades.

Este programa, que anteriormente ofrecía protección a líderes religiosos, dejó de cubrirlos tras la promulgación del Decreto 1285 de 2023 por parte del Ministerio del Interior.