A principios de enero de 2025, un video en el que se puede apreciar a una patrullera de la Policía Nacional golpeando a un joven en el rostro con su tonfa, más conocido como bolillo, generó indignación pública y ocasionó que una investigación penal en su contra.
Según la Fiscalía Penal Militar y Policial, los hechos se registraron en octubre de 2024 en el noroccidente de Bogotá, cuando la uniformada agredió al ciudadano tras ser grabada durante un procedimiento policial.
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La grabación, publicada en redes sociales el 1 de enero de 2025, provocó que el caso, inicialmente ignorado, adquiriera relevancia mediática.
En respuesta, anunciaron que el fiscal 2405 de conocimiento inició una indagación preliminar para determinar si la conducta de la patrullera constituye un delito.
La entidad prometió actuar con “autonomía, eficiencia y transparencia” para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen a la fuerza pública.
El caso no solo ha puesto en evidencia el uso excesivo de la fuerza, también el silencio institucional frente a comportamientos que violan los derechos ciudadanos.
Ante esto, William Casas, expolicía y creador de contenido en redes sociales, abordó el tema en un video de TikTok, en el que enfatizó la necesidad de que los policías que presencien delitos cometidos por sus compañeros procedan a arrestarlos, pese a las represalias que esto pueda acarrear.
“Uno entra solo y se retira solo”
Casas compartió su experiencia como agente de la Policía y explicó que detener a un compañero por cometer un delito es una obligación legal y ética, aunque hacerlo puede conllevar riesgos personales y profesionales.
Según él, un policía que actúa contra otro uniformado enfrenta aislamiento dentro de la institución y es señalado como “sapo” o traidor, lo que dificulta su desarrollo profesional y su relación con otros colegas.
“El problema después viene para uno, así como le pasó a esa patrullera y a su compañero que está siendo investigado por omisión. Si un policía hace la captura, se convierte en enemigo de sus compañeros. Nadie querrá trabajar con él y terminará aislado en un CAI, sin contacto con nadie”, afirmó Casas en su video.
A través de su relato, Casas recordó un incidente ocurrido durante su tiempo en la Policía, pues en aquella ocasión, junto con un colega de la Sijín, arrestó a un patrullero del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que, bajo los efectos del alcohol, agredió a un teniente de la estación.
Según Casas, la captura enfrentó oposición tanto de superiores como del fiscal de turno, quien se negó a recibir el caso para no “arruinar la carrera del implicado”.
“El mayor de la estación insistió en que no lo capturáramos y que todo quedara en un informe disciplinario, pero yo decidí proceder porque fui testigo del delito. Aunque logramos justificar nuestra actuación con documentos que incluían el rechazo del fiscal a recibir la captura, nos enfrentamos a años de investigaciones disciplinarias y represalias dentro de la institución”, relató.
El dilema del silencio institucional
El expolicía señaló que muchos agentes prefieren no actuar frente a irregularidades de sus compañeros para evitar problemas internos; sin embargo, advirtió que esa omisión puede tener consecuencias legales graves.
“Los policías terminan presos o destituidos porque no actuaron, uno tiene que proceder porque no sabe quién lo está grabando. Hoy en día hay cámaras por todos lados”.
Casas denunció que esta cultura de complicidad se mantiene por el temor a represalias y la presión jerárquica dentro de la institución. A pesar de ello, reiteró que los policías tienen el deber de actuar, incluso si ello implica detener a un compañero.
“Uno no puede arriesgar su carrera o su libertad por cubrir un delito. La función del policía es garantizar la legalidad, no proteger la impunidad”, concluyó.
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