Luego de la reunión virtual entre la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la defensa de la familia y la viuda del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en playas de Barú, en Cartagena, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, respondió al abogado Francisco Bernate.
El pronunciamiento de Buitrago se produjo luego de que Bernate calificara como “absolutamente lamentable” el homicidio de Francisco Luis Correa Galeano, señalado como el autor intelectual del crimen de Pecci. El abogado también afirmó que, menos de un mes antes del asesinato, había informado a la Unidad Nacional de Protección sobre los riesgos que enfrentaban las víctimas, testigos y apoderados relacionados con el caso, pero que sus advertencias fueron ignoradas.
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En diálogo con W Radio, la ministra de Justicia aseguró que se investigará exhaustivamente la responsabilidad de todos los involucrados en el caso. Además, criticó las condiciones dentro de la cárcel, señalando que “acciones como tomar licor, realizar reuniones sociales y estar en las celdas en horarios no permitidos son actos indebidos, ilegales y prohibidos”.
El homicidio de Correa Galeano ocurrió en la madrugada del 3 de enero de 2025, en el pabellón 32 de la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá. Según fuentes citadas por el medio mencionado, Correa se encontraba compartiendo con otros presos, entre ellos Samuel Zuleta Márquez, quien ha sido señalado como el presunto responsable del asesinato.
El cuerpo de Correa fue hallado dentro de la celda 25, rodeado de un lago hemático. Tanto el Inpec como la Fiscalía General confirmaron en un comunicado del mismo día que se inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que permitieron el homicidio en un centro de máxima seguridad.
Pese a esto, y en una decisión que sigue siendo cuestionada a las autoridades colombianas, Francisco Luis Correa Galeano, señalado como el autor intelectual del homicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, fue trasladado del búnker de la Fiscalía al centro carcelario de La Picota, ubicado en el suroriente de Bogotá, en un punto que divide las localidades de Rafael Uribe Uribe y Usme. Este traslado fue uno de los temas que, en su momento, señaló Maricel Albertini, madre del fiscal Pecci, durante una entrevista.
A la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, también se le preguntó sobre las condiciones de seguridad y las posibles redes de corrupción dentro del penal, en las que presuntamente estarían involucrados algunos guardias.
“Ese director [de la cárcel] estaba encargado... acababa de ser designado días antes de que sucedieran estos hechos. Esto no solo implica revaluar su presencia, sino la de todo el cuadro de mando de la cárcel La Picota. Este caso no es responsabilidad de una sola persona; debe investigarse el pabellón, quién estaba al frente del patio, entre otros aspectos”, afirmó Buitrago.
La ministra también confirmó que en el pabellón 32 se presentó “una manifestación que no fue bien recibida por el agresor”. Según explicó, este último poseía un elemento prohibido dentro del penal, el cual utilizó para atacar a Francisco Correa.
Los detalles adicionales del caso son parte de la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación y el Inpec, quienes buscan esclarecer las circunstancias que rodearon este homicidio en un centro de máxima seguridad.
A una persona que esté por fuera del horario en condiciones, no permitidas, pues tiene que tener alguna razón, y es una permisión indebida por parte de la Guardia.
La respuesta de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, al abogado Francisco Bernate
Frente a las declaraciones del abogado Francisco Bernate, quien aseguró haber denunciado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) el riesgo que enfrentaba Francisco Luis Correa Galeano al estar expuesto a los demás reclusos en el penal, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, respondió:
“Lo primero que hay que decir es que ni el Ministerio de Justicia ni el Inpec recibieron ninguna denuncia en este sentido, ni alerta alguna, ni información; menos por parte del doctor Francisco Bernate, a quien conozco personalmente”, afirmó Buitrago.
Añadió: “Nunca hubo un acercamiento entre el doctor Bernate y esta ministra de Justicia. No sé si él entregó esa información a otra entidad y a quién específicamente (...), habría que profundizar en este aspecto, si fue a la Fiscalía o a la Unidad de Protección, como lo menciona el doctor Bernate”.
Respecto a la decisión de trasladar a Correa Galeano, Buitrago explicó que dicha orden provino de un juez: “La orden de traslado del búnker a los centros carcelarios se da por orden judicial porque la condición del sujeto cambia; los condenados deben ser enviados a centros penitenciarios. El búnker es un centro transitorio que se utiliza solo en casos especiales”. Además, subrayó que el Inpec cumple las órdenes de traslado emitidas por la autoridad judicial competente.
La ministra enfatizó que “no hay ningún informe” de riesgo que haya llegado al Ministerio de Justicia sobre la situación de Correa Galeano. Sin embargo, señaló que esta situación debería ser consultada con la Fiscalía General de la Nación, dado que si el detenido era un testigo protegido, “la Fiscalía era quien tenía la posibilidad de manejar este asunto”. No obstante, aclaró que no tiene constancia de que la Fiscalía hubiera recibido información específica sobre el riesgo.
“Lo que sí es claro es que en el centro carcelario se debe proteger la vida de todos, independientemente de si hay alerta o no”, concluyó la ministra.
Por su parte, Francisco Bernate reiteró su denuncia en medios de comunicación, afirmando: “Hace menos de un mes informé a la Unidad de Protección sobre el peligro que corríamos víctimas, testigos y apoderados en este caso, e hicieron caso omiso”.
Esta declaración se conoció tras la reunión entre el vicefiscal en funciones de fiscal general de la Nación, Gilberto Javier Guerrero Díaz, con los abogados de la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini, con el fin de escuchar inquietudes respecto al asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, uno de los condenados por el homicidio perpetrado en Colombia el 10 de mayo de 2022.
La reunión virtual se adelantó por solicitud expresa de la viuda (la periodista Claudia Aguilera) del fiscal de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio Público del Paraguay. Allí “se ratificó la confianza de los apoderados de las víctimas en la justicia colombiana y el compromiso de la Fiscalía General de la Nación en continuar la investigación hasta hallar y judicializar a todos los responsables del crimen”, indicó el mensaje del ente investigador que se conoció la noche del 9 de enero de 2025.