Según estudio habrá controversia por las nuevas reglas que el Gobierno nacional le puso al sector energético

El sector eléctrico colombiano enfrenta una transformación tras la implementación de una serie de decretos y resoluciones emitidos por el Gobierno nacional a finales de 2024.

Según un análisis realizado por la firma Óptima Consultores, estas medidas, que buscan modificar el modelo vigente, podrían tener consecuencias profundas en la estructura del mercado energético del país, afectando tanto a los usuarios como a los actores privados del sector.

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De acuerdo con el informe de Óptima Consultores, citado por medios especializados, las nuevas normativas incluyen cambios como la reducción del porcentaje de energía que puede ser comercializada en bolsa, la regulación del precio de escasez con la introducción de un tope tarifario, y la posibilidad de que empresas intervenidas realicen contrataciones directas.

Además, se contempla la fusión entre el Instituto de Planificación Energética (Ipse) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), así como la evaluación de la compra de la empresa Air-e. Estas medidas, según el análisis, podrían representar una reforma estructural al sistema eléctrico colombiano.

El informe señala que, aunque las medidas buscan beneficiar a los usuarios mediante tarifas más bajas y una menor exposición al precio de bolsa, en la práctica podrían generar efectos adversos.

Entre las principales preocupaciones se encuentra el posible desincentivo a la inversión privada, lo que podría limitar la expansión del sector y la implementación de proyectos de largo plazo. Además, se advierte que estas modificaciones podrían consolidar un modelo energético con mayor control estatal, reduciendo la eficiencia de los mecanismos tradicionales de mercado.

Óptima Consultores destacó que estas decisiones no han sido discutidas de manera abierta y que su implementación responde más a un contexto ideológico que a un consenso técnico. “Se hacen públicas una vez expedida la normatividad, se entienden solo en un contexto ideológico, pero que infieren fácilmente el desmonte del modelo vigente”, señala el documento.

Uno de los puntos más críticos del análisis es el impacto sobre el cargo por confiabilidad, un mecanismo diseñado para garantizar la expansión del sistema eléctrico y asegurar el suministro de energía en periodos de escasez hidrológica. Según el informe, las nuevas normativas podrían debilitar esta herramienta, afectando su capacidad para incentivar inversiones en generación de energía.

El cargo por confiabilidad, que históricamente ha permitido garantizar ingresos de largo plazo para proyectos de generación, enfrenta ahora un escenario incierto. Durante la subasta realizada en 2024, se evidenció que menos del 40% de las plantas solares elegibles participaron, y el precio de corte fue similar al de subastas anteriores de proyectos térmicos e hidráulicos. Esto, según el análisis, refleja un desequilibrio entre los riesgos asumidos por los generadores y los ingresos proyectados.

Óptima Consultores propuso ajustes al mecanismo para hacerlo más atractivo al sector de las energías renovables. Entre las recomendaciones, se sugiere modificar las condiciones para que los proyectos renovables puedan participar sin asumir compromisos que no resulten rentables. Sin embargo, el informe advierte que, a pesar de la expectativa de una mayor participación de plantas solares en el futuro, el país seguirá dependiendo en gran medida de la generación hidráulica durante los próximos años.

Otro aspecto destacado en el análisis es la introducción de un nuevo esquema para el precio de escasez, que establece dos valores diferenciados: uno para plantas térmicas y otro, más bajo, para plantas renovables y de carbón. Según el informe, esta medida podría alterar significativamente las reglas del mercado, afectando especialmente a los generadores que dependen de la venta de energía en bolsa.

El nuevo esquema plantea que las plantas existentes podrán adoptar voluntariamente las nuevas reglas de precio de escasez. Sin embargo, los generadores deberán evaluar si los ingresos adicionales compensan los mayores riesgos asociados. Además, el precio de bolsa, que actualmente ronda los $1.000 por kilovatio-hora (kWh), será reemplazado por un promedio ponderado de los precios de escasez aplicables a cada tipo de planta, lo que añade incertidumbre sobre el impacto final en el mercado.

Óptima Consultores advirtió que el efecto de estas medidas no será evidente en el corto plazo, ya que dependerá de la adopción del nuevo esquema por parte de los generadores existentes y de los resultados de futuros procesos de expansión. “El prometido nuevo precio de bolsa no se sabrá en el corto plazo”, puntualizó el informe.

En conclusión, las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional han generado un debate sobre el futuro del sector eléctrico colombiano. Aunque las medidas buscan beneficiar a los usuarios y garantizar la sostenibilidad del sistema, las críticas apuntan a que podrían desincentivar la inversión privada, limitar la expansión del mercado y consolidar un modelo con mayor control estatal. Además, la falta de discusión abierta sobre estas normativas ha generado incertidumbre entre los actores del sector.