El miércoles 8 de enero del 2024, el líder de la intervención a la empresa Air-e, Edwin Palma, entregó a la Superintendencia de Servicios Públicos un primer informe que los accionistas de la corporación eléctrica no recibieron de la mejor manera.
En el informe, según el boletín de Palma, “se relacionan graves hallazgos en la compañía de energía, desde contratos no ejecutados hasta desorden en la contabilidad y fuertes racionamientos de energía anunciados como «mantenimientos»“.
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Sin embargo, para los socios de la compañía de electricidad encargada del servicio de energía en el Caribe colombiano, en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, los señalamientos del informe son “equivocados”.
A través de una misiva dada a conocer por la W Radio, se conoció el desacuerdo de los accionistas, que señalaron que “el comunicado del agente interventor tiene defecto estructural: señala los efectos de la crisis, con múltiples imprecisiones e información abiertamente equivocada, pero no explica las causas estructurales que la provocaron. Causas que no son atribuibles a Air-e”, en primer lugar.
“Adicionalmente, toda acción que Air-e ejecutó, estuvo vigilada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD). La intervención fue solicitada por la misma empresa el día 30 de agosto 2024″, indicaron los accionistas.
Como contexto, la intervención por parte del Gobierno a través de la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, en esta empresa, se llevó a cabo con el fin de amortiguar el golpe de los altos costos que el servicio de energía tiene en los usuarios, a raíz de reportados problemas financieros, que también han llevado a servicios interrumpidos.
Los señalamientos de Edwin Palma
El informe del interventor destacó los siguientes hallazgos:
Graves irregularidades administrativas y operativa. ya que encontraron contratos de energía incumplidos, racionamientos informados como “mantenimientos”, y aparente desorden en contabilidad y contratación con terceros.
Incluso, reportaron presuntas pérdidas acumuladas y un desbalance financiero de $1.9 billones, además, altos intereses moratorios por retrasos en pagos a proveedores y alcaldías.
Incluso, señalaron una reducción del 50% en la cobertura de contratos de compra de energía.
En cuanto al impacto en la calidad del servicio, Palma puntualizó fallas técnicas y cortes frecuentes sin justificación técnica, incremento en la duración de interrupciones, afectando a usuarios con hasta 360 horas sin energía en un año.
Incluso, deficiencias en inversiones y cumplimiento regulatorio, con baja ejecución del plan de inversiones aprobado por la Creg, y la suspensión del reconocimiento tarifario por incumplimiento del plan de pérdidas en 2024.
Asimismo, hallaron riesgos jurídicos y tecnológicos, como un ciberataque que afectó operaciones y facturación antes de la intervención y múltiples acciones legales en curso y problemas en la gestión comunitaria.
En lo que respecta a los problemas en gestión comercial y social, Palma determinó posible facturación irregular y violaciones de derechos de usuarios y una desconexión entre la empresa y las comunidades, con bajo enfoque en responsabilidad social.
La respuesta de los accionistas
En primer lugar, destacaron los logros de Air-e antes de la intervención, con el cumplimiento de indicadores. Aseguraron que la Superservicios realizó visitas trimestrales y evaluó más de 50 indicadores con un promedio de cumplimiento del 91%.
Afirmaron que calidad del servicio en el año 2023, alcanzó niveles de calidad esperados para 2030, pese a los reportes de cortes en los departamentos.
Del mismo modo, defendieron la viabilidad financiera, pues, pesar de pérdidas iniciales de $60.000 millones mensuales en 2020, Air-e logró un Ebitda positivo en el cuarto trimestre de 2022 antes de enfrentar cambios externos.
Imprecisiones en el informe del interventor, según los socios
Según la defensa, el informe señala deudas por $1.9 billones, pero solo $411.811 millones (22% del total) estaban vencidos.
“Adicionalmente, no se reconoce que la empresa tiene más de 5 billones de pesos por cobrar a usuarios y entes oficiales. Es responsabilidad del interventor gestionar estos cobros para sanear las finanzas”, señalaron.
El comunicado resaltó que el informe del agente interventor presentó información inexacta y omitió logros de la empresa, y la afectación de factores externos que llevaron a la crisis.
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