Sindicatos de Comfenalco rechazaron que la caja sea entregada al círculo político de senador implicado en escándalo de la Ungrd

En un contexto de creciente preocupación por la transparencia en la gestión de las cajas de compensación familiar, los trabajadores de Comfenalco Antioquia han solicitado al Gobierno nacional que no entregue la administración de la caja a un equipo político vinculado al cuestionado senador conservador Carlos Andrés Trujillo.

Este pronunciamiento se hizo público a través de una carta enviada a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

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La intervención de Comfenalco Antioquia, que comenzó en septiembre de 2023, fue inicialmente prevista para durar un año. Sin embargo, dicha intervención ha sido extendida hasta el 15 de abril de 2025. La decisión de mantener la supervisión del Gobierno sobre la caja se ha convertido en un tema de debate, especialmente entre los sindicatos que piden que la administración regrese a los trabajadores y empleadores de la región, tal como ocurre con otras cajas de compensación en el país.

Según la carta enviada a Sarabia y conocida por Blu Radio, los trabajadores temen que la caja sea entregada a un grupo político conservador vinculado al senador Carlos Andrés Trujillo. “Según la información que circula en los pasillos de la política antioqueña, hay cambios al interior de la Superintendencia del Subsidio Familiar, con la llegada de la doctora Sandra Viviana Cadena. Se nos ha manifestado que se corre el riesgo de que la Caja sea entregada a un equipo político conservador de Antioquia, el cual es liderado por el senador Carlos Andrés Trujillo”, señala el texto firmado por la Unión Sindical de Trabajadores y Empleados de las Cajas de Compensación Familiar de Colombia.

La carta también pone en evidencia la cercanía de Trujillo con la nueva superintendente, Sandra Viviana Cadena, que asumió su cargo recientemente, tras haber sido secretaria general de la Superintendencia de Transporte. Este vínculo, según los sindicatos, genera desconfianza sobre la posibilidad de que la caja sea entregada a intereses políticos, lo que ellos consideran un retroceso para la autonomía de las cajas de compensación en Colombia.

Los sindicatos advierten que, si se entrega la administración de Comfenalco Antioquia a políticos ligados al senador Trujillo, se estaría dando pie a la “politización” de la caja y, por ende, a la toma de decisiones orientadas más por intereses partidistas que por el bienestar de los trabajadores y empleadores de la región. “Sabemos de los enemigos que tiene el actual gobierno, esos mismos, medios de comunicación y representantes del poder económico y politiquero, que manifestaron que la intervención de Comfenalco Antioquia, en cabeza del actual gobierno, es un paso para estatizar el sistema de compensación familiar. Si permitimos que nuestra caja le sea entregada a un sector politiquero, con ello, les estaremos dando la razón”, concluye la carta de los sindicatos.

El senador Carlos Trujillo se encuentra involucrado en el escándalo relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según el director de esta entidad, Carlos Alberto Carrillo, los contratos de los carrotanques destinados a la crisis humanitaria en La Guajira han sido objeto de serias acusaciones de corrupción, en las que varios políticos, incluido Trujillo, habrían estado implicados. Carrillo acusó públicamente a Trujillo de tener una influencia significativa sobre la entidad, afirmando: “Todo el mundo sabe que la Ungrd es de Carlos Andrés Trujillo”.

Este escándalo, que involucra tanto a políticos del Partido Conservador como a empresarios de Antioquia, ha generado una gran polémica. Diana Cristina Montoya Giraldo, propietaria de la empresa Impresión Solvente, fue contratada para elaborar los adhesivos de los carrotanques, lo que ha levantado sospechas debido a los vínculos políticos entre Montoya y Trujillo. La empresa, además de realizar trabajos publicitarios para la Ungrd, también prestó servicios a Jaime Cano, un cercano aliado de Trujillo, lo que refuerza las acusaciones de tráfico de influencias y favoritismo.

El caso ha sido llevado a la Corte Suprema de Justicia por el abogado Enrique Gómez Martínez, que solicitó que se investigue a Trujillo por tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos relacionados con los carrotanques. Entre las pruebas presentadas ante la Corte, se incluyen informes que revelan cómo Trujillo fue sorpresivamente uno de los senadores más votados en La Guajira en las elecciones de 2022, especialmente en municipios vinculados al escándalo de los carrotanques.

También se destaca que el alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, uno de los principales aliados de Trujillo, fue el encargado de solicitar los carrotanques a Olmedo López; y se presentó evidencia de que el primo de Trujillo, Andrés Camilo González Giraldo, visitó la Ungrd poco antes de las elecciones territoriales de 2023, lo que sugiere una posible manipulación de los procesos electorales y de contratación pública.