El anuncio hecho por el presidente de la República, Gustavo Petro, del aumento del salario mínimo para 2025 en un 9,53%, en plena víspera de la Nochebuena, continúa generando reacciones en los diferentes sectores políticos y económicos. Como en el Senado de la República, en el que las opiniones están divididas: entre los que consideraron ajustado el aumento, y los que rechazaron el porcentaje propuesto.
El reajuste aprobado por el jefe de Estado, implicó un aumento de 123.500 pesos, con lo que el salario base llegó a $1.423.500. Además, el subsidio de transporte también sufrió un aumento, de 200.000 pesos, lo que representó un alza de 38.000 pesos. Este nuevo monto comenzó a regir desde el primer día del año, lo que causó un intenso debate entre los congresistas de las distintas fuerzas políticas.
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La oposición y sus motivos para oponerse al alza del salario mínimo en Colombia
Como era de imaginarse, algunos congresistas de los partidos de oposición, como el Centro Democrático, rechazaron la medida, basándose en sus posibles efectos adversos. María Fernanda Cabal, que además es precandidata presidencial, aseguró que este tipo de acciones podrían desencadenar “un aumento del desempleo, la inflación y los costos de producción”.
Para la política vallecaucana, esta decisión ignora la realidad económica de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales enfrentarán mayores dificultades ante el aumento salarial. Con ello dio a conocer su escepticismo frente a las políticas económicas del actual Gobierno.
En una línea similar, Miguel Uribe, que también busca ser el candidato único de la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en una marcada puja con Cabal y otros tres candidatos, declaró que el incremento salarial sería inútil mientras el Ejecutivo no fomente la productividad nacional.
“De nada sirve que se aumente el salario mínimo si mientras tanto el presidente está dedicado a acabar la productividad de las empresas en Colombia y con ello eliminar las posibilidades de nuevos empleos”, afirmó en una publicación replicada por las plataformas. Uribe también instó a considerar las implicaciones a largo plazo para el mercado laboral.
Otro de los que se pronunció frente a este asunto fue el senador Carlos Abraham Jiménez, del partido Cambio Radical, que expresó su descontento a través de la red social X, al argumentar que “el aumento del salario mínimo por encima de la inflación golpeará aún más el presupuesto de la nación en el año 2025”.
Asimismo, añadió que esta decisión podría ocasionar recortes en el gasto público social, lo que, según él, es consecuencia de lo que denominó la “irresponsabilidad del gobierno”.
Las posiciones favorables al aumento del salario mínimo del 2025
En contraste, desde el partido Comunes, la senadora Sandra Ramírez, cuyo nombre de pila es Griselda Lobo, exesposa del exjefe del secretario de las Farc alias Manuel Marulanda Vélez, defendió el incremento. “Este ha sido el Gobierno que más ha incrementado el salario mínimo en Colombia, pese a todas las malas predicciones que gremios, empresarios y sectores políticos han hecho”. Para la congresista, el aumento es una muestra de compromiso con los trabajadores.
Por su parte, Antonio José Correa, que hace parte del partido la U, expresó que “es una gran mezquindad decir que el alza del salario mínimo es ‘populismo’”, con lo que salió en defensa de Petro. Y afirmó que decisiones como esta han contribuido a que cerca de 1.600.000 personas salieran de la pobreza en 2024. Y con respecto a las desigualdades estructurales, recordó que Colombia es considerado el “tercer país más desigual del mundo, luego de Sudáfrica y Namibia”.
Por último, en el Pacto Histórico, dos figuras de amplia relevancia también se pronunciaron. Por un lado, Aída Avella señaló que el aumento no debe ser homogéneo para todos los salarios, pues está convencida de que “a mayor sueldo menos aumento”. En su opinión, aplicar un porcentaje uniforme incrementa la brecha salarial en lugar de reducirla, con lo que afecta directamente a los sectores que deberían ser beneficiados.
A su vez, Isabel Zuleta declaró que “mayores salarios significan menos ganancias para el empleador, no menos empleos” y criticó lo que considera una tradición de “explotación laboral” sostenida por gobiernos anteriores y medios masivos. En ese orden de ideas, ambas senadoras coincidieron en recalcar la importancia de la justicia distributiva en la economía nacional.
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