Un informe reciente de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ha puesto en el centro del debate público las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados al sistema de salud en Colombia.
Según el análisis, se habrían identificado prácticas como facturación atribuida a personas fallecidas, sobredosis artificiales en medicamentos, procedimientos médicos con costos exorbitantes, facturas ocultas y la existencia de clínicas falsas. Estas revelaciones han generado una fuerte reacción tanto en redes sociales como en el ámbito político, donde se exige una investigación penal integral para esclarecer el uso de los fondos públicos.
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De acuerdo con lo publicado en redes sociales por el usuario Vicente Calvo (@vcalvot), el informe de la Adres también señala que en el periodo 2021-2022 se descubrieron facturas ocultas en la EPS Famisanar, una entidad propiedad de Colsubsidio, Cafam y Compensar, según el usuario.
Calvo afirmó que estos datos son una prueba contundente de los problemas estructurales en el sistema de salud y acusó a quienes intentan desacreditar el informe de ser cómplices de un supuesto desfalco al sistema. “El robo continuo al sistema está en los datos”, expresó en su publicación, señalando la importancia de estos análisis para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y evitar que la crisis actual del sistema de salud se profundice.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el tema, respaldando los hallazgos del informe de la Adres y del Ministerio de Salud.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Petro señaló que las irregularidades detectadas, que incluyen autopréstamos a propietarios privados de EPS y la participación de destacados políticos en las juntas directivas de las entidades más cuestionadas, exigen una auditoría forense sobre el conjunto de las EPS.
“La verdad es el camino de Colombia”, afirmó el mandatario, que además destacó que los informes del Gobierno y de la Contraloría General evidencian un uso sistemático e irregular de los recursos públicos, calculado en billones de pesos.
El presidente también criticó la resistencia de algunos sectores políticos a realizar estas investigaciones y mencionó que apellidos como Pastrana, Santos y Vargas Lleras aparecen vinculados a las juntas directivas de las EPS señaladas.
Según Petro, esta situación refleja cómo el modelo de aseguramiento financiero establecido por la Ley 100 ha sido distorsionado por prácticas delictivas, lo que ha llevado a una crisis en el sistema de salud. En este contexto, el mandatario reiteró su propuesta de transformar las EPS en gestoras de salud, abandonando su rol como aseguradoras financieras, una iniciativa que, según él, ha sido bloqueada por el Senado.
El debate sobre el aumento del porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el sistema de salud asigna por cada afiliado, también ha sido un punto central en esta controversia.
Según los informes oficiales, el incremento de la UPC se fundamenta en los costos reales del sistema, pero las irregularidades detectadas han puesto en duda la transparencia de estos cálculos. Petro señaló que la solución pasa por una acción concertada en el Congreso y una investigación penal que permita construir un sistema de salud más ético y financieramente sostenible.
El usuario Vicente Calvo, en su publicación, también cuestionó el papel de la academia en este contexto, asegurando que durante 30 años no se realizaron análisis como los presentados por la Adres, no por falta de capacidad, sino por conveniencia de quienes se benefician del sistema.
“Uno se pregunta dónde estaba la academia que tanto se ufana de seguir pidiendo más plata para la UPC para que 28 clanes sigan robando”, escribió, haciendo referencia a los grupos que, según él, han lucrado de manera indebida con los recursos de la salud.
La discusión sobre el futuro del sistema de salud en Colombia continúa generando divisiones. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de mantener el modelo actual con ajustes, otros, como el presidente Petro, abogan por una transformación estructural que priorice la prevención y garantice un acceso más equitativo y transparente a los servicios de salud.
En cualquier caso, las denuncias y los informes recientes han puesto de manifiesto la urgencia de abordar las irregularidades y fortalecer los mecanismos de control sobre los recursos públicos destinados a este sector esencial.