La delegación del Gobierno nacional para el espacio de conversación socio-jurídica de Buenaventura rechazó públicamente las declaraciones emitidas por la estructura armada ilegal Los Shottas el pasado 6 de enero, calificándolas de contrarias al espíritu de diálogo y construcción de paz que se promueve en esta instancia.
En un comunicado, la delegación aclaró que el espacio socio-jurídico no respalda ni faculta a Los Shottas para realizar estos pronunciamientos, y enfatizó que los actores armados ilegales no representan a las comunidades ni a la sociedad. Según el documento, estas estructuras han optado por la violencia, lo que vulnera al Estado Social de Derecho y merece un rechazo contundente.
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La delegación también hizo un llamado a que las exigencias y reclamaciones sociales se planteen exclusivamente a través de organizaciones legítimas y ante las instituciones públicas competentes del orden nacional, departamental, municipal o distrital. Resaltó que ningún actor ilegal puede interferir en las formas legítimas de expresión de la sociedad.
Compromiso con el diálogo y la atención a las demandas sociales
En el comunicado, los representantes del Gobierno ratificaron su compromiso de apoyar escenarios de diálogo que permitan atender las demandas sociales de manera oportuna, con el respaldo de instituciones públicas y el sector privado cuando sea necesario. Asimismo, instaron a las estructuras armadas a participar en la próxima sesión formal del espacio socio-jurídico para abordar estos temas de manera adecuada.
Mensaje de esperanza para 2025
El comunicado concluye expresando la confianza de la delegación en que el 2025 sea de avances significativos hacia la paz en Buenaventura, gracias al trabajo conjunto de comunidades, sectores públicos y privados.
El documento fue firmado por los delegados del Gobierno nacional para el espacio de conversación socio-jurídica de Buenaventura: Fabio Cardozo, Jesús Flórez, Adrián Ruiz Galván, Laura Golden Giraldo y John Henry Arboleda.
Comunicado de los Shottas
La banda criminal los Shottas, conocida por su influencia en el distrito portuario de Buenaventura, lanzó un ultimátum que encendió las alarmas entre líderes sociales y ciudadanos. En un comunicado emitido el lunes 6 de enero, la organización prohibió cualquier intento de bloqueo de vías en el territorio, específicamente en el contexto de una protesta laboral. El mensaje generó preocupación por las implicaciones que podría tener para la seguridad y los derechos de los habitantes de la región.
El comunicado, compuesto por cuatro párrafos, hace referencia directa a una manifestación planeada por trabajadores de la empresa de aseo local, quienes denuncian incumplimientos laborales. En el texto, los Shottas expresaron su rechazo a los bloqueos de carreteras, argumentando que estas acciones afectan el derecho a la movilidad de la población. “Nuestra organización repudia el hecho de taponamiento de la vía, por lo tanto, no permitiremos que dicha actividad sea realizada”, declararon en el documento.
Aunque el grupo afirmó no estar en contra de que los ciudadanos reclamen sus derechos, insistió en que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo. “Invitamos al diálogo en una mesa para concertar entre las partes y llegar a un acuerdo sin afectar la comunidad”, añadieron en el comunicado. Sin embargo, la naturaleza coercitiva del mensaje generó inquietud entre los habitantes de Buenaventura, quienes temen represalias contra quienes participen en las protestas.
La reacción de los líderes sociales y la ciudadanía no se hizo esperar. En redes sociales, varias voces denunciaron la situación, calificándola como una amenaza directa a los derechos fundamentales de la población. Isabela Perlaza, una residente local, expresó en Facebook: “Esta gente no es una entidad legal para anunciarse así. Están es amenazando a la comunidad. Esto ya es decir que forman parte del control de la ciudad. Buenaventura, gobernada por los bandidos”.
Por otro lado, Ghina Castrillón, a través de la plataforma X, alertó sobre los riesgos que esta situación representa para los liderazgos sociales y las organizaciones locales. “Eleva una alerta urgente por el riesgo de seguridad que pueden tener los liderazgos sociales locales e integrantes de algunas organizaciones, además de un gran retroceso en la paz urbana”, señaló.