Afinia podría dejar de operar a partir de febrero de 2025 por millonaria deuda del Gobierno a EPM: le faltan más de $600.000 millones

La situación financiera de Empresas Públicas de Medellín (EPM) enfrenta un panorama crítico que podría tener graves repercusiones en el sector energético del país.

Según un análisis publicado por El Colombiano, la filial Afinia, encargada de la prestación del servicio de energía en la región Caribe, solo cuenta con recursos para operar hasta febrero de 2025, debido a un déficit financiero que se ha agravado por los retrasos en los giros de subsidios por parte del Gobierno Nacional.

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Este problema no solo afecta a Afinia, sino que se extiende a otras filiales del grupo, generando una crisis que pone en jaque la estabilidad de la empresa y del servicio energético en varias regiones.

De acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el déficit acumulado por EPM asciende a $1.25 billones con corte al 31 de diciembre de 2024.

Este faltante incluye $227.000 millones correspondientes a la casa matriz, mientras que las filiales regionales también enfrentan números alarmantes: Chec (Caldas y Risaralda) reporta un déficit de $62.000 millones, Cens (Norte de Santander) de $148.000 millones, Edeq (Quindío) de $15.000 millones, Essa (Santander) de $117.000 millones y Afinia, con el mayor déficit, de $695.000 millones.

Este último caso es especialmente preocupante, ya que la filial también arrastra un faltante adicional de $2,5 billones relacionado con el mecanismo de la opción tarifaria.

El alcalde Gutiérrez denunció que el Gobierno Nacional adeuda a EPM más de $4 billones, desglosados en $2.7 billones por concepto de la opción tarifaria y $1.2 billones por subsidios a los estratos 1, 2 y 3.

Según el mandatario local, esta situación refleja un incumplimiento generalizado de pagos que afecta no solo a EPM, sino a otras empresas del sector energético en el país.

Gutiérrez comparó esta crisis con la que enfrenta el sector salud, señalando que el Gobierno está “aniquilando financieramente” a las empresas energéticas al no cumplir con sus obligaciones legales.

El reclamo del alcalde de Medellín generó una respuesta inmediata del presidente Gustavo Petro, quien rechazó las acusaciones relacionadas con la opción tarifaria.

Petro argumentó que este mecanismo fue creado durante el gobierno del expresidente Iván Duque y que la deuda generada por el mismo corresponde a los usuarios, no a la Nación.

Además, señaló que su administración había propuesto convertir esta deuda en pública a través de un proyecto de ley de financiamiento, el cual fue rechazado en el Congreso.

En respuesta, Gutiérrez recordó que Petro había prometido en mayo de 2024, durante un discurso en Barranquilla, que la Nación asumiría la opción tarifaria como deuda pública, sin mencionar que esto dependería de la aprobación de una ley de financiamiento.

El alcalde cuestionó la falta de gobernabilidad del actual gobierno y la desconfianza que, según él, genera entre los colombianos.

Más allá del debate político, esta crisis ha evidenciado la presión financiera que enfrentan las empresas del sector energético en Colombia. Un ejemplo de las consecuencias de esta situación se vivió en Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, donde un apagón dejó sin servicio eléctrico a la población debido a la falta de recursos para operar.

De hecho, el Ministerio de Hacienda tuvo que intervenir para saldar una deuda de $184.000 millones en subsidios atrasados en las zonas no interconectadas, incluyendo $6.257 millones adeudados a Electrovichada.

El caso de Afinia es especialmente preocupante. Desde que esta filial asumió la operación en la región Caribe, ha recibido $2.9 billones para inversiones en infraestructura y tres billones de pesos adicionales para garantizar su funcionamiento.

Sin embargo, los resultados financieros siguen siendo negativos. En diciembre pasado, el gerente de EPM, John Maya Salazar, envió una carta al presidente Petro solicitando que la Nación asumiera la operación del servicio en César y once municipios de Magdalena, argumentando que los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes para mejorar los indicadores de recaudo y pérdidas.