En una reciente entrevista concedida a Blu Radio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió sobre las graves implicaciones que podría generar la creciente deuda del Gobierno nacional con diferentes empresas del sector energético, la cual, según sus declaraciones, asciende a más de 4 billones de pesos.
Uno de los puntos más críticos mencionados por Gutiérrez es la situación de Afinia, filial del Grupo EPM encargada de operar el servicio eléctrico en la región Caribe. De acuerdo con el alcalde, las obligaciones financieras con esta empresa superan los 2.4 billones de pesos, lo que podría comprometer seriamente la continuidad del servicio eléctrico en cuatro departamentos de la región.
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En sus declaraciones, Gutiérrez destacó que Empresas Públicas de Medellín (EPM) tuvo que recurrir a un crédito por más de un billón de pesos para mantener a flote a Afinia. Este movimiento financiero permitió garantizar la operación hasta febrero de 2025, pero él mismo calificó la situación como insostenible si el Gobierno Nacional no cumple con sus obligaciones.
Contexto de la deuda
La millonaria deuda está relacionada principalmente con dos factores: la opción tarifaria implementada durante la pandemia y los subsidios otorgados por ley a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Según los cálculos del mandatario, de los más de 4 billones de pesos adeudados, 2.27 billones corresponden a la opción tarifaria, mientras que 1.3 billones son atribuibles a los subsidios.
El alcalde de Medellín señaló que el presidente Gustavo Petro no ha cumplido con los compromisos asumidos en mayo de 2024 para solucionar esta problemática. Gutiérrez instó al mandatario a girar los recursos necesarios para evitar que las empresas entren en quiebra, lo que, según él, podría derivar en la intervención estatal de estas entidades.
“La responsabilidad es del Gobierno Nacional. Si no cumple, el panorama se complicará y los ciudadanos serán los más afectados con posibles apagones”, afirmó Gutiérrez. Además, recordó que cumplir con estos pagos no es un favor, sino una obligación legal que el Gobierno debe honrar para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico del país.
Panorama incierto
La situación de Afinia es especialmente delicada. El crédito asumido por EPM le ha permitido operar temporalmente, pero si los recursos pendientes no son transferidos, se enfrentarán dificultades financieras que podrían culminar en el cese del servicio en varias regiones de la Costa Caribe.
Por ahora, se espera que el Gobierno Nacional emita una respuesta oficial y adopte medidas para saldar esta deuda millonaria. La estabilidad del sector energético y el bienestar de millones de usuarios en todo el país están en juego.