La banda criminal los Shottas, conocida por su influencia en el distrito portuario de Buenaventura, lanzó un ultimátum que encendió las alarmas entre líderes sociales y ciudadanos. En un comunicado emitido el lunes 6 de enero, la organización prohibió cualquier intento de bloqueo de vías en el territorio, específicamente en el contexto de una protesta laboral. El mensaje generó preocupación por las implicaciones que podría tener para la seguridad y los derechos de los habitantes de la región.
El comunicado, compuesto por cuatro párrafos, hace referencia directa a una manifestación planeada por trabajadores de la empresa de aseo local, quienes denuncian incumplimientos laborales. En el texto, los Shottas expresaron su rechazo a los bloqueos de carreteras, argumentando que estas acciones afectan el derecho a la movilidad de la población. “Nuestra organización repudia el hecho de taponamiento de la vía, por lo tanto, no permitiremos que dicha actividad sea realizada”, declararon en el documento.
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Aunque el grupo afirmó no estar en contra de que los ciudadanos reclamen sus derechos, insistió en que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo. “Invitamos al diálogo en una mesa para concertar entre las partes y llegar a un acuerdo sin afectar la comunidad”, añadieron en el comunicado. Sin embargo, la naturaleza coercitiva del mensaje generó inquietud entre los habitantes de Buenaventura, quienes temen represalias contra quienes participen en las protestas.
La reacción de los líderes sociales y la ciudadanía no se hizo esperar. En redes sociales, varias voces denunciaron la situación, calificándola como una amenaza directa a los derechos fundamentales de la población. Isabela Perlaza, una residente local, expresó en Facebook: “Esta gente no es una entidad legal para anunciarse así. Están es amenazando a la comunidad. Esto ya es decir que forman parte del control de la ciudad. Buenaventura, gobernada por los bandidos”.
Por otro lado, Ghina Castrillón, a través de la plataforma X, alertó sobre los riesgos que esta situación representa para los liderazgos sociales y las organizaciones locales. “Eleva una alerta urgente por el riesgo de seguridad que pueden tener los liderazgos sociales locales e integrantes de algunas organizaciones, además de un gran retroceso en la paz urbana”, señaló.
El contexto de esta amenaza se enmarca en un proceso de tregua vigente entre los Shottas y otra banda criminal, los Espartanos, que participan en una mesa de paz urbana gestionada por el Gobierno nacional. Este acuerdo, que busca reducir la violencia en el distrito portuario, estará en vigor hasta febrero de 2025. Sin embargo, la presencia de estas estructuras sigue generando tensiones en la región, donde también operan grupos armados como el ELN, la Segunda Marquetalia y disidencias de las Farc.
Además de su participación en actividades ilícitas como el tráfico de drogas y las extorsiones, los Shottas y los Espartanos han impuesto manuales de convivencia que afectan la vida cotidiana de los habitantes de Buenaventura. Estas dinámicas han convertido a la población civil en víctima de un control paralelo que limita sus derechos y libertades. Ante esta situación, los ciudadanos solicitaron la intervención urgente del Gobierno nacional, la administración departamental y la alcaldía de Buenaventura.
La demanda principal es que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad y los derechos de quienes deseen manifestarse. La presencia de la fuerza pública en el territorio es vista como una necesidad para contrarrestar el poder de las bandas criminales y restablecer el control institucional. Mientras las autoridades evalúan cómo responder a esta situación, los habitantes del distrito portuario permanecen en un estado de incertidumbre, temiendo por su seguridad y sus derechos fundamentales.