La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó el lunes festivo 6 de enero que no pueden confirmar aún si los restos humanos que hallaron a finales del 2024 en la denominada zona de la escombrera, en el occidente de la capital antioqueña, corresponden a víctimas de desaparición forzada de la Operación Orión, que se señala que llevó a cabo el Ejército Nacional en un contubernio con integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2002.
A través de su cuenta oficial en la red social X informaron que hasta ahora iniciaron las respectivas investigaciones para poder establecer a quiénes corresponden las “estructuras óseas” que encontraron en esa zona de la Comuna 13, donde se presume que arrojaron los cuerpos de las víctimas que fueron ajusticiadas entre agentes estatales y del mencionado grupo armado contrainsurgente.
“Ni el presidente de la #JEP, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, ni el magistrado relator de las medidas cautelares de protección en La Escombrera, Gustavo Salazar, han dicho que estos hallazgos, encontrados en un trabajo conjunto con la @UBPDcolombia, pertenezcan o no a víctimas de la ‘Operación Orión’. Esto está por determinarse (sic)”, indicaron en la cuenta oficial del tribunal de paz en la red social X.
La Comuna 13 de Medellín fue escenario, entre el 16 y el 17 de octubre de 2002, de la Operación Orión, una intervención de las fuerzas armadas con el propósito de expulsar a milicianos de las guerrillas de las FARC y del ELN.
Defensores de derechos humanos han señalado que esta operación, realizada con el posible apoyo de las AUC, dejó un saldo significativo de muertos y desaparecidos que, al parecer, habrían sido sepultados en un vertedero conocido como La Escombrera.
El pasado 18 de diciembre, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) anunciaron el hallazgo de los primeros restos humanos en La Escombrera tras años de búsqueda de víctimas desaparecidas durante el conflicto armado que tuvo lugar entre 2001 y 2004 en esta zona de la ciudad.
"Fueron halladas las primeras estructuras óseas que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del contexto del conflicto armado en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín“, afirmaron ambas entidades en un comunicado conjunto.
Esta nueva búsqueda comenzó en julio, tras una orden de la JEP, luego de una pequeña intervención en 2022 y de múltiples postergaciones que, según colectivos de buscadores, han representado una “revictimización” para las familias.
De acuerdo con la JEP, en la Comuna 13 hay un registro de 502 personas desaparecidas, mientras que, según la Ubpd, el número en toda la ciudad de Medellín asciende a 5.912 personas.
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, que era jefe de Estado en esa época, ha defendido el operativo argumentando que la Comuna 13 estaba controlada por grupos terroristas como los Comandos Armados del Pueblo del ELN, las Farc y los paramilitares.
Uribe también asegura que la operación fue ejecutada de manera conjunta por la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Procuraduría y la Alcaldía de Medellín, con el objetivo de retomar el control total de una zona dominada por grupos ilegales.
Medidas cautelares al cementerio de Sincelejo (Sucre)
La JEP también emitió la semana pasada una medida cautelar dirigida a proteger la manzana 6 del Cementerio Central de Sincelejo, en el departamento de Sucre, con el objetivo de asegurar la preservación de posibles restos de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado en Colombia.
La solicitud para esta intervención fue presentada por la Fundación Nydia Erika Bautista, una organización que defiende los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
Uno de los casos que motivaron esta acción es el de Julio César Blanco Vides, campesino desaparecido en febrero de 1998 en el municipio de San Onofre. La ONG ha advertido sobre la importancia de proteger posibles restos en esta área del cementerio, señalado como un lugar de inhumación de víctimas del conflicto.