Exalcalde de Antioquia fue capturado: lo acusan de participar en el asesinato del un líder sindical que fue concejal

El exalcalde de Segovia (Antioquia), Albert José Rodríguez Luján, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, para responder ante la justicia por su presunta participación en el asesinato del líder sindical y exconcejal Luis Carlos Olarte Gaviria, ocurrido el 3 de octubre de 2003.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el exmandatario fue puesto a disposición de las autoridades y enfrenta una medida de aseguramiento de detención preventiva en un centro carcelario.

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De acuerdo con la Fiscalía, Rodríguez Luján está formalmente vinculado a una investigación por el delito de homicidio agravado, en el marco de los parámetros establecidos por la Ley 600 de 2000, correspondiente al sistema penal anterior.

Las pruebas recopiladas hasta el momento señalan que el exalcalde habría participado en la planeación del ataque que terminó con la vida de Olarte Gaviria, quien fue interceptado y asesinado por integrantes del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El crimen, según detalló la Fiscalía, ocurrió mientras la víctima se desplazaba en motocicleta por el municipio de Segovia. Los atacantes, miembros de la estructura armada de las AUC, le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte. Este acto violento habría sido motivado por las constantes denuncias que Olarte Gaviria realizaba contra la minería ilegal en la región del nordeste antioqueño.

Luis Carlos Olarte Gaviria, además de ser exconcejal, ocupaba el cargo de vicepresidente de la Seccional Segovia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintramienergetica). Desde esta posición, lideraba esfuerzos para visibilizar las irregularidades en la extracción de minerales en la zona, lo que lo convirtió en un blanco de represalias por parte de grupos armados ilegales.

En relación con este caso, el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como alias Macaco, fue condenado recientemente a 23 años, un mes y seis días de prisión. Según la Fiscalía, Jiménez Naranjo fue hallado culpable de los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y concierto para delinquir agravado, todos relacionados con el asesinato de Olarte Gaviria.

La captura de Rodríguez Luján representa un avance en las investigaciones sobre los crímenes cometidos por las AUC en el contexto del conflicto armado colombiano. Este caso pone de manifiesto la conexión entre actores políticos locales y estructuras armadas ilegales, así como las consecuencias de las denuncias contra actividades ilícitas como la minería ilegal.

El proceso judicial contra el exalcalde continuará bajo la supervisión de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía. Las autoridades buscan esclarecer completamente los hechos y determinar el grado de responsabilidad de Rodríguez Luján en este homicidio que marcó un capítulo oscuro en la historia de Segovia.

La minería ilegal, que ha sido un problema recurrente en el nordeste antioqueño, ha generado tensiones sociales y ambientales en la región. Las denuncias de líderes sociales como Olarte Gaviria han sido fundamentales para exponer estas prácticas, aunque a menudo han puesto en riesgo sus vidas. Este caso resalta la necesidad de garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente en Colombia.

La Fiscalía continúa trabajando para desmantelar las redes de complicidad entre actores políticos y grupos armados ilegales, en un esfuerzo por garantizar justicia para las víctimas del conflicto armado y sus familias.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento del exgobernador del Meta, Edilberto Castro Rincón, quien había sido condenado a 40 años de prisión por homicidio, corrupción y vínculos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según la JEP, Castro no aportó suficiente información sobre los nexos entre funcionarios públicos y este grupo paramilitar, lo que es fundamental para obtener beneficios de la justicia transicional.

Durante su mandato (2004-2007), Castro habría pactado con líderes de las AUC, como alias “Don Mario” y alias “Miguel Arroyave”, para obtener apoyo político a cambio de favorecer a este grupo armado. Además, la justicia ordinaria lo responsabilizó de usar recursos públicos para estos fines y de actuar en complicidad con estructuras armadas ilegales.

La JEP indicó que Castro no cumplió con los requerimientos del Macrocaso 08, enfocado en investigar las conexiones entre agentes estatales no militares y las AUC. Esto implica que deberá cumplir su sentencia en el sistema judicial ordinario, sin acceso a beneficios como reducción de penas.

El caso resalta las complejas relaciones entre políticos y actores ilegales en el conflicto colombiano y reafirma el papel de la justicia transicional como un proceso que exige compromisos concretos con la verdad y la reparación a las víctimas.