En un caso que ha generado confusión y atención mediática, dos oficiales retirados de la Policía Nacional de Colombia, ambos con el rango de mayor y el apellido Montoya, enfrentan procesos judiciales por delitos graves, aunque sus casos no están relacionados. Según informó El Tiempo, uno de ellos está vinculado a una red de narcotráfico, mientras que el otro es investigado por presunto favorecimiento al contrabando.
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El primero de los oficiales es Andrés Felipe Montoya Navarro, quien se retiró voluntariamente de la institución en 2022 tras una destacada carrera que incluyó 19 condecoraciones y 164 felicitaciones. Su trayectoria incluyó cargos como comandante de Distrito de Policía en Mocoa, Putumayo, y miembro del Grupo Operativo de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Barranquilla. Sin embargo, en marzo de 2024, fue capturado y actualmente enfrenta cargos por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionados con el favorecimiento al contrabando.
El otro oficial es el mayor Carlos Mario Montoya Castro, quien también tuvo una carrera notable en la Policía, fue miembro del Gaula en el departamento del Cesar y recibió en 2019 la medalla coronel Atanasio Girardot de la Gobernación de Antioquia. Sin embargo, desde agosto de 2023, se encuentra privado de la libertad tras aceptar cargos por concierto para delinquir agravado, narcotráfico y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Detalles de los casos
De acuerdo con El Tiempo, el caso de Andrés Felipe Montoya Navarro se centra en una investigación de la Fiscalía que lo vincula con una red que, entre 2018 y 2022, habría facilitado la entrada de mercancías de contrabando al país a través de los puertos de Barranquilla. Según el escrito de acusación, los implicados, valiéndose de su posición como servidores públicos, habrían omitido sus deberes oficiales y ejecutado actos contrarios a la ley a cambio de pagos que oscilaban entre los 400 y los 1.200 millones de pesos semanales.
“(...) venían acordando la introducción de mercancías de contrabando en el país, ocultándola de la intervención y control aduanero a través de los puertos en la ciudad de Barranquilla valiéndose de la calidad de servidores públicos adscritos a Policía Nacional y especialmente a la Polfa, omitiendo actos propios de su cargo y ejecutando actos contrarios a sus deberes oficiales a cambio de dádivas”, se lee en el documento del ente acusador.
El abogado defensor de Montoya Navarro, Andrés García-Fernández, aseguró al medio que su cliente es inocente y que la Fiscalía no cuenta con pruebas suficientes para acreditar las conductas que se le imputan. Además, enfatizó que no existe relación alguna entre Montoya Navarro y otros individuos mencionados en la investigación, como Ricardo Orozco Baeza, alias “el bendecido”, y Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”.
“La Fiscalía no tiene como acreditar esas conductas. El mayor (r.) Andrés Felipe Montoya Navarro no tenía el control para realizar esa conducta que le atribuyen de presunto favorecimiento al contrabando. Es inocente”, dijo Andrés García-Fernández, apoderado del oficial (r.) Montoya Navarro, al medio mencionado.
Por su parte, el caso de Carlos Mario Montoya Castro está relacionado con una red de narcotráfico que, según la Fiscalía, habría lavado 24.970 millones de pesos a través de empresas dedicadas a la venta de productos cárnicos. Estas empresas, creadas para aparentar legalidad, registraron transacciones bancarias por más de 11.000 millones de pesos en dos años y realizaron 117 operaciones por un total de 33.000 dólares. Además, se les atribuye el transporte de casi 1.000 millones de pesos en efectivo mediante carros de valores.
La investigación también señala que otros oficiales activos de la Policía y particulares vinculados a la red figuraban como propietarios de inmuebles y vehículos cuyo origen no podían justificar económicamente.
Situación actual de los implicados
Mientras Montoya Navarro se encuentra en detención domiciliaria y busca demostrar su inocencia en los tribunales, Montoya Castro, que también está bajo arresto domiciliario, aceptó los cargos y ha solicitado autorización para trabajar mientras avanza su proceso judicial.
La confusión entre ambos casos ha sido recurrente debido a la coincidencia de sus apellidos y rangos, pero El Tiempo confirmó que no existe conexión alguna entre las investigaciones.
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