Un video que muestra a un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), presuntamente, entregando cervezas a los internos de la cárcel Las Heliconias, ubicada en Florencia, Caquetá, ha generado controversia y preocupación sobre las irregularidades dentro del sistema penitenciario colombiano.
Según se ha denunciado en redes sociales, el empleado fue grabado mientras ingresaba las bebidas alcohólicas de manera clandestina, lo que ha desatado cuestionamientos sobre los controles internos en este tipo de instituciones.
De acuerdo con la información publicada, las cervezas introducidas por el funcionario no solo eran entregadas a los reclusos, sino que posteriormente eran revendidas dentro de los pabellones del centro penitenciario a precios considerablemente altos. Este esquema de comercialización ilícita dentro de la prisión pone en evidencia un problema recurrente en los centros de reclusión: la corrupción y la falta de supervisión adecuada.
El caso ha generado indignación, ya que este tipo de prácticas no solo viola las normativas internas del sistema penitenciario, sino que también fomenta un mercado negro dentro de las cárceles, lo que puede derivar en conflictos entre los internos.
El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ha puesto en el centro del debate la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión en las cárceles del país.
“Un día normal en las cárceles”, “Eso siempre ha pasado. Igual pasa con los teléfonos, ropa, comida. Etc. ¿En la cárcel falta mano dura”, “Es impresionante la corrupción tan grande que maneja el Inpec”, “Cagada es que hasta celulares tengan los presos no? Pero, pues con esa guardia así de prestada muy fácil”, “Ejército corrupto, policía corrupta y estos también, estamos jodidos”, “No es el último ni el primero” y “Sigue creyendo que solo son cervezas”, son solo algunos de los comentarios que este vidoe ha provocado en los usuarios.
Reclusa acusa a funcionarios del Inpec de abuso sexual y aborto forzado
Una reclusa de 27 años, interna en la cárcel El Pedregal, en la ciudad de Medellín, ha presentado una denuncia que involucra a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a quienes acusa de haberla agredido sexualmente y de haberla obligado a interrumpir un embarazo resultante de estos hechos.
Según informó Noticias RCN, los presuntos abusos habrían ocurrido entre los meses de agosto y septiembre de 2024, dentro de las instalaciones del centro penitenciario.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, los señalados, identificados como Cristian Camilo Torres Alvarado y Diego Castaño Sánchez, habrían aprovechado su posición como dragoneantes del Inpec para someterla a constantes agresiones sexuales.
La mujer asegura que, como consecuencia de estos ataques, quedó embarazada, situación que, según su relato, los funcionarios y la institución no habrían permitido. La denuncia detalla que fue obligada a abortar mediante el suministro de sustancias abortivas mezcladas en sus alimentos.
La denuncia fue presentada por la Fundación Mujeres Libres de Colombia, una organización que busca visibilizar casos de violencia de género y garantizar justicia para las víctimas. Según consignó Noticias RCN, la fundación entregó un documento a las autoridades penitenciarias en el que se exponen los hechos y se solicita la apertura de una investigación formal.
En este informe se incluyen los nombres de los presuntos responsables y se describen las circunstancias en las que ocurrieron los abusos.
El relato de la víctima señala que los ataques se llevaron a cabo mientras ella permanecía aislada de las demás internas, lo que habría incrementado su vulnerabilidad y reducido sus posibilidades de buscar ayuda.
Este caso se suma a una serie de denuncias que han señalado irregularidades y abusos dentro de los centros penitenciarios del país, lo que subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión en estas instituciones. La gravedad de las acusaciones presentadas en este caso exige una respuesta contundente por parte del sistema judicial y penitenciario, así como un compromiso firme con la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
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