En su cuenta de la red social X, la senadora del partido de oposición, Centro Democrático publicó una columna de opinión escrita por ella en la que hable de temas relacionados con la educación en el actual Gobierno de Colombia, además de la gestión que la administración pública del país ha realizado del Icetex.
Valencia comentó en su texto que en 2025, el Icetex restringirá significativamente su oferta de créditos educativos, con una reducción de 60.000 cupos en comparación con años anteriores. La nueva convocatoria solo incluirá alrededor de 6.000 créditos, lo que representa un cambio sustancial en el acceso al financiamiento de la educación superior en Colombia.
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La senadora Paloma Valencia destacó que el Icetex se mantiene como la opción crediticia más accesible para los estudiantes, con tasas de interés significativamente menores en comparación con los bancos comerciales. Según datos de 2023, los préstamos educativos del Icetex a largo plazo registraron una tasa del 9,28% efectivo anual, frente a tasas que oscilaron entre el 16,2% y el 23,2% en el sistema bancario tradicional, además de ser no condonables.
La senadora del Centro Democrático argumentó que con esto “miles de estudiantes no podrán acceder a universidades privadas. Con esto, el gobierno cercena el derecho a elegir”.
A lo anterior agregó que: “Volvemos a ver la visión estatista del gobierno, que pretende obligarnos a todos a recibir los servicios exclusivamente prestados por el Estado. El gobierno ha quitado a los colombianos de bajos ingresos la libertad de elegir su universidad e impone el sistema público como única opción”.
Paloma Valencia destacó las marcadas diferencias en las tasas de admisión entre las universidades públicas y privadas en Colombia. Mientras que las instituciones privadas registran un promedio de aceptación del 82%, las públicas admiten solo al 48% de los aspirantes. De acuerdo con lo dicho por la congresista la Universidad Nacional, donde 9 de cada 100 estudiantes logran superar el examen de admisión.
De igual manera comentó que “entre 2010 y 2023, el ICETEX otorgó más de 729 mil nuevos créditos por más de $3,7 billones de pesos. El 92% de los beneficiarios han sido de los estratos 1, 2 y 3. Con el subsidio a la tasa, se han beneficiado más de 559 mil estudiantes; con subsidios de sostenimiento, más de 203 mil. Otros 74 mil estudiantes recibieron condonaciones de una cuarta parte de la deuda por graduarse, y 2.300 jóvenes se beneficiaron al obtener excelentes resultados en las pruebas Saber Pro”.
La legisladora resaltó la relevancia de las universidades privadas en la formación profesional en Colombia, al señalar que el 62% de los actuales profesionales estudiaron en estas instituciones, lo que equivale a más de 2,2 millones de personas. En 2022, el 69% de los estudiantes de estratos 1 y 2 que presentaron las pruebas Saber Pro también provenían de universidades privadas. Además, según el ranking QS, estas instituciones lideran en empleabilidad, ocupando 13 de los 15 primeros lugares en el país, frente a solo dos universidades públicas.
Asimismo, defendió a las universidades privadas diciendo que son “entidades sin ánimo de lucro. No son un negocio, como sostiene el gobierno. No se quedan con las utilidades y están obligadas a invertir sus ganancias en educación. Y aunque fueran un negocio, el asunto es que quien mejor puede escoger lo adecuado para su formación y futuro es el propio beneficiario. Si el Estado va a garantizar la educación, debe ser la mejor posible dentro de los recursos disponibles —calidad— y aquella que mejor sirva a los intereses individuales”.
El Icetex maneja una cartera activa que supera los 9,5 billones de pesos, beneficiando a 420.000 estudiantes, de los cuales el 67% corresponden a créditos de pregrado. Según la senadora Paloma Valencia, solo 15.200 beneficiarios, que representan una deuda vencida de 342.000 millones de pesos, han incumplido sus pagos por más de 180 días. Destacó que la mayoría de los usuarios han cumplido con sus obligaciones, lo que, a su juicio, subraya la necesidad de ajustar los esquemas de crédito para garantizar acceso educativo sin comprometer la sostenibilidad financiera.