Judicializado exalcalde de Becerril por presunta corrupción en la construcción del alcantarillado del municipio

La Fiscalía General de la Nación informó que obtuvo evidencias y elementos materiales probatorios que dan cuenta de irregularidades en el proceso de contratación y en la ejecución de las obras de construcción del sistema de alcantarillado de Becerril (Cesar), que a la fecha no se ha terminado ni ha entrado en operación.

En ese sentido, fueron presentados ante un juez de control de garantías el exalcalde de la población, Juan Francisco Rojas Hinojosa; la exsecretaria de Obras Públicas del municipio, Isabel Cristina León Peñaranda; y el contratista Raúl Alfonso Cardozo Nuncira. Un fiscal de la seccional Cesar les imputó los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Los cargos no fueron aceptados.

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El ente acusador indicó que los hechos investigados iniciaron con la celebración de un contrato en enero de 2017, en el que la Alcaldía de Becerril adjudicó el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en diferentes sectores del casco urbano, por un valor cercano a los 4.000 millones de pesos.

La Fiscalía estableció que el entonces mandatario y la exfuncionaria habrían direccionado el proceso contractual para favorecer a un contratista específico, y modificado varios ítems para autorizar el desembolso parcial de dinero por avances de obra.

De esta manera, fueron pagados algo más de 1.449 millones de pesos por concepto del cambio total de la tubería. En las verificaciones se constató que sólo fue instalada el 75% de la red, por lo que esta actividad inconclusa generó un detrimento patrimonial superior a los 269 millones de pesos. Asimismo, se detectaron pagos por 142 millones de pesos por excavaciones que no se adelantaron.

En total, fueron entregados 411′236.063 de pesos al contratista por acciones no ejecutadas.

De otra parte, fueron identificadas anomalías como incumplimiento de múltiples parámetros del Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), como las normas técnicas de las tuberías y los muros, y los trámites ante las empresas de servicios públicos para el funcionamiento de la estación de bombeo.

En la actualidad, el contrato lleva más de 60 meses suspendido, y el sistema de alcantarillado está inoperante por falta de elementos esenciales para su funcionamiento como la estación de bombeo, líneas de conexión eléctrica, pozos de inspección, tramos de tubería y conexiones domiciliarias de alcantarillado.

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación identificó a una red delincuencial a la que se le atribuye la creación de empresas de papel en Cali, Tuluá, Sevilla y Palmira (Valle del Cauca) para reportar afiliaciones fraudulentas de trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social, para acceder a subsidios y otros beneficios monetarios que ofrecía el Gobierno nacional para conjurar la emergencia económica y social por el Covid-19.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales, presentó a once de los presuntos integrantes de esta estructura ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de fraude a subvenciones, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.

Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Estas personas son señaladas de simular actividades económicas en sectores como vigilancia, aseo, construcción, servicios temporales y cooperativas; e inducir a trabajadores independientes para que firmaran documentos falsos que no reflejaban su realidad laboral. En algunas oportunidades los empleados se acercaban voluntariamente para que les fueran liquidados los aportes a seguridad social a un menor valor de lo que en realidad debían cotizar.

Posteriormente, la organización acudía ante las autoridades competentes, presentaba contratos y certificaciones de nóminas fraudulentas para simular vínculos laborales, y reclamaba subsidios y beneficios fiscales. De acuerdo con los elementos materiales probatorios, por cada trabajador ficticio podría recibir entre 90.000 y 454.000 pesos. De esta manera, entre 2020 y 2021 se apropiaron de 5.000 millones de pesos de manera ilegal.