En un duro mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, se despachó el lunes festivo 6 de enero contra el alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, por cuenta de la deuda que, según el mandatario de la capital antioqueña, el Gobierno nacional tiene con las Empresas Públicas de Medellín (EPM), que son de 4,4 billones de pesos.
“¡Increíble! Al alcalde Federico Gutierrez se le olvida que la ‘opción tarifaria’ la creo el expresidente Duque, como una deuda de los usuarios a las empresas de energía. La Nación no es titular de esa deuda", indicó Petro en su perfil de X, al responder a una publicación de un medio de comunicación, en la que hicieron eco de las declaraciones del burgomaestre.
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Según Petro, el alcalde Gutiérrez olvida que desde el Gobierno se propuso, en la denominada ley de financiamiento, más conocida como reforma tributaria 2.0, convertir la deuda en un compromiso público. “Pero su propia bancada uribista antioqueña y (Germán) Vargas Lleras, con Cambio Radical y Efraín Cepeda (Presidente del Congreso), decidieron hundirla en contra de todos los usuarios de energía eléctrica de Antioquia y en general de Colombia”, agregó el jefe de Estado.
“Así que no me asigne deudas que el Gobierno y el partido de ‘Fico’ crearon en contra del interés general”, concluyó el primer mandatario en su mensaje, en el que acusó al mandatario local de ser, en cierto modo, cómplice de la situación que se estaría registrando con la empresa que suministra el servicio de energía no solo en suelo antioqueño, sino en el norte del país.
¿Qué dijo “Fico” Gutiérrez de lo que sería la crisis en EPM?
En entrevista que concedió a Blu Radio, y que fue divulgada el 4 de enero de 2025, Gutiérrez expresó que el Ejecutivo tiene una deuda de $4,4 billones con EPM, una obligación sin saldarse que pondría en riesgo, en su concepto, la energía eléctrica del territorio nacional. La advertencia lo hizo tras la grave situación en Puerto Carreño (Vichada), que quedó a oscuras durante 24 horas debido a la crisis de la firma que suministra el servicio en esta zona del país.
“Lo de Puerto Carreño es la punta del iceberg del problema tan grave que está generando el Gobierno al no pagar los subsidios de energía en todo el territorio nacional, a los estratos 1, 2 y 3. Esto revela básicamente lo que puede pasar en todo el país si el Gobierno nacional no hace los giros que le corresponden por ley, no es tema de voluntad, por ley el Gobierno nacional debe pagar los subsidios a esos estratos”, expresó el alcalde de Medellín al citado medio.
A su vez, “Fico” indicó que la deuda por subsidios de tarifas de energía eléctrica para los estratos 1, 2 y 3, acumulada desde el 2023, alcanza los 2,1 billones de pesos. Este monto afecta directamente a varias empresas del grupo EPM, entre ellas EPM, Chec, Cens, EQ, ESA y Afinia, que operan en diferentes regiones del país.
Al respecto, EPM, la matriz del grupo, tiene pendiente el pago de $197.000 millones, mientras que Chec, que presta servicios en el Eje Cafetero, enfrenta una deuda de $44.000 millones. Por su parte, Cens, que opera en el norte del país, tiene un saldo pendiente de $130.000 millones, y EQ, que atiende a la región de Santander, registra una deuda de 12.000 millones de pesos. Asimismo, ESA tiene un monto adeudado de 106.000 millones de pesos, y Afinia, que cubre la región Caribe, enfrenta la cifra más alta, con 608.000 millones de pesos.
Del mismo modo, en esta entrevista, El alcalde de Medellín reiteró que, de no saldarse estas deudas, las empresas podrían enfrentar graves problemas financieros que las llevarían a la quiebra. “Si el Gobierno Nacional no paga los subsidios, quiebra a estas empresas, y estas no tienen cómo suministrar la energía eléctrica, lo que podría llevar al país a un apagón”, afirmó Gutiérrez.
Además de los subsidios, el mandatario explicó que la deuda total incluye otro concepto conocido como opción tarifaria, lo que eleva el monto global a la cifra mencionada y que generó la indignación del jefe de Estado. Este rubro corresponde a un mecanismo financiero que permite a los usuarios diferir el pago de sus facturas de energía, pero que requiere que el Gobierno compense a las empresas por los ingresos no percibidos.