Firmantes de paz del proceso con las Farc acusaron al Gobierno de no pagarles subsidios: retrasos en los giros serían de dos meses

Más de 12.000 familias en proceso de reincorporación, que son dependientes de los subsidios establecidos en el Acuerdo Final de Paz firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia (Farc), enfrentan una situación crítica debido a lo que serían los retrasos en los pagos de la renta básica y otros beneficios a los que tienen derecho, por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Organizaciones como el Consejo Nacional de Reincorporación y otras firmantes del acuerdo, a través de un comunicado de prensa publicado el domingo 5 de enero de 2025 en sus redes sociales, solicitaron al Ejecutivo un pronunciamiento urgente sobre los retrasos en los pagos y otros compromisos incumplidos de parte de la actual administración.

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En una misiva conjunta, expresaron su preocupación por la falta de avances en áreas clave como la entrega de tierras, la sostenibilidad de proyectos productivos y la seguridad de los excombatientes. “El peso de la crisis fiscal no puede descargarse sobre los hombros de los sectores más vulnerables”, señalaron en la misiva, en la que hicieron referencia a las dificultades económicas que enfrenta el Estado.

A esto se suma que, de acuerdo con lo reportado por Blu Radio, los excombatientes han denunciado que los desembolsos, equivalentes al 90% de un salario mínimo legal vigente, no se han efectuado desde hace al menos dos meses, lo que ha puesto en riesgo su sustento y el de sus familias de cara al inicio del año. Esta problemática es una más en la serie de incumplimientos que, según los afectados, han caracterizado la implementación del acuerdo desde su firma hace ocho años con el entonces mandato de Juan Manuel Santos.

Los excombatientes indicaron que los retrasos en los pagos no solo afectan a quienes están en proceso de reincorporación, también a sus familias, que dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas. Uno de los denunciantes afirmó que, hasta el momento, el Gobierno ha cumplido con apenas el 20% de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, mientras que el resto se ha quedado en promesas y comunicados.

“No tenemos certeza de si nos van a pagar o no. Debido a esto, muchos compañeros están considerando realizar una marcha masiva en Bogotá”, declaró uno de los beneficiarios al citado medio.

La situación es grave para las madres viudas, que también han denunciado irregularidades en los pagos. Según los testimonios recogidos por el medio, entre enero y marzo, así como en noviembre y diciembre de 2024, los subsidios fueron entregados de manera incompleta, llegando en algunos casos a ser menos de la mitad del monto correspondiente. Además, las mujeres agregaron que no se les ha reconocido el subsidio de alimentación para sus hijos menores de 12 años, a pesar de lo estipulado en el decreto del Programa de Reincorporación Integral (PRI).

Otro de los puntos denunciados por los excombatientes de las Farc es la falta de acceso a tierras productivas y oportunidades laborales, que son fundamentales para garantizar su sostenibilidad económica y social como reinsertados del conflicto armado colombiano.

“No estaríamos reclamando la renta si tuviéramos una hectárea de tierra real para producir”, indicó un excombatiente del Huila. Según los denunciantes, la ausencia de una política integral de reincorporación ha dificultado la implementación de proyectos productivos, dejando a muchas familias en una situación de vulnerabilidad.

El comunicado emitido por las organizaciones firmantes también cuestionó la propuesta del Ministerio de Justicia que fue resumida en el Conpes 4094, que busca implementar las “Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria”. Según las organizaciones, esta iniciativa contradice lo acordado en la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y representa un retroceso en los compromisos adquiridos.

Ante la gravedad de la situación, las organizaciones han instado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, al Fondo Colombia en Paz y a los países garantes del acuerdo a garantizar la implementación de los compromisos adquiridos. “La Paz Total necesita coherencia entre el discurso y las acciones”, enfatizaron en su comunicado. Además, los excombatientes no descartan la posibilidad de realizar un plantón en Bogotá si no se reciben respuestas claras por parte del Gobierno Petro.