Se siguen conociendo detalles sobre el reciente fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra el presunto esquema de colusión entre contratistas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes, según las investigaciones, habrían trabajado de manera coordinada desde 2015 para controlar la contratación de vehículos blindados hasta 2024.
De hecho, un reciente informe publicado por la revista Cambio, este entramado involucra a varias empresas y personas clave que, presuntamente, han utilizado prácticas anticompetitivas para mantener el control del negocio, incluso con vehículos obsoletos.
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De acuerdo con el fallo de la SIC, se formuló un pliego de cargos contra un grupo de agentes de mercado que participaron en los procesos de contratación de la UNP.
Entre los señalados se encuentran Alan Perlman, de Neosecurity; Jorge Arturo Moreno Ojeda, de Alliance; Luis Wilson González, gerente de GMW; Alejandro Salvino y Aldo Salvino, de Blinsecurity; Maria Isabel Almeida, de Veblinco; Alexander Díaz, de Alliance; Jorge Alfredo Cabal, de Armati; Julio César Salas, de Vector; Ricardo Garrido, de Nacional Rent; y Odilia Cecilia Chavarrio, de M.I.
Según consignó la revista citada, estas personas y empresas habrían actuado de manera concertada para manipular los procesos de contratación en beneficio propio.
Entre los nombres destacados en esta investigación, Jorge Arturo Moreno Ojeda y Alan Perlman figuran como actores principales. Según detalló Cambio, Moreno Ojeda, conocido como el “zar de la seguridad”, ha estado vinculado al sector por más de dos décadas.
En 2022, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó una condena en su contra de siete años y seis meses de prisión por delitos relacionados con acuerdos restrictivos de la competencia y fraude procesal.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que Moreno utilizaba sus empresas para simular competencia en los procesos de contratación, lo que le permitía controlar el mercado de vehículos blindados. Aunque oficialmente ya no figura como socio o representante legal de Alliance, la SIC reveló que sigue ejerciendo influencia directa en las decisiones de la compañía, lo que podría derivar en nuevas acciones legales en su contra.
Por su parte, Alan Perlman, representante de Neosecurity, ha mantenido un perfil más reservado. En una entrevista con El Tiempo, Perlman se describió como un empresario comprometido con el desarrollo del país, asegurando no tener investigaciones en curso.
Sin embargo, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, lo acusó públicamente de poner en riesgo la vida de personas protegidas al bloquear el sistema satelital de vehículos asignados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que, según Rodríguez, fue un acto para demostrar su “poder mafioso”. Estas acusaciones coinciden con las conclusiones preliminares de la SIC, que señalan a Perlman como parte del esquema de cartelización.
Además de Moreno y Perlman, la investigación publicada por la revista identificó a otros personajes relevantes en este entramado. Alejandro Salvino, gerente de Blinsecurity, ha sido señalado como socio de Moreno en el negocio de vehículos blindados, mientras que Luis Wilson González, gerente de GMW, ha ganado notoriedad por su capacidad operativa en el sector. Según las investigaciones, estas empresas, junto con otras como Veblinco, Vector y Nacional Rent, habrían trabajado de manera coordinada para mantener el control del mercado.
El fallo de la SIC detalla cómo los contratistas involucrados lograron mantener el negocio utilizando vehículos antiguos, a pesar de los intentos de la UNP por renovar la flota.
En 2024, la entidad estatal estableció como requisito que los vehículos ofertados no fueran anteriores al modelo 2020, argumentando que los modelos más antiguos presentaban fallas mecánicas frecuentes y comprometían la continuidad del servicio. Sin embargo, los contratistas, liderados por Neosecurity, GMW y Blinsecurity, presentaron observaciones similares para presionar a la UNP a modificar esta condición.
Según el fallo, los contratistas argumentaron que la exigencia de vehículos más nuevos era inviable debido a la falta de disponibilidad en el mercado, los tiempos necesarios para el blindaje y los costos asociados.
Al no aceptar estas observaciones, la UNP enfrentó un boicot: los contratistas se coordinaron para no presentar propuestas, lo que llevó a que el proceso de selección fuera declarado desierto. Finalmente, la entidad se vio obligada a ajustar los requisitos, permitiendo la participación de vehículos fabricados desde 2014, lo que favoreció a los contratistas al mantener su flota existente.
La SIC concluyó que las acciones de los contratistas constituyen un acuerdo colusorio que buscaba manipular los procesos de contratación en beneficio propio. Según el organismo, esta coordinación no solo afectó la competencia en el mercado, sino que también privó a otras empresas de la oportunidad de participar en los procesos de selección.
Aunque el caso aún se encuentra en etapa preliminar, las revelaciones podrían derivar en investigaciones penales contra los involucrados.
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