Fiscalía General de la Nación incauta propiedades de un grupo ilegal dedicado al hurto de hidrocarburos en Casanare y Boyacá

La Fiscalía General de la Nación, mediante la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ha tomado medidas contundentes contra una organización criminal conocida como ‘La Empresa’, presuntamente dedicada al apoderamiento, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Nueve bienes, valorados en más de 7.000 millones de pesos y ubicados en los departamentos de Casanare y Boyacá, han sido objeto de medidas cautelares que incluyen la suspensión del poder dispositivo, toma de posesión, embargo y secuestro.

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El operativo incluyó la ocupación de un inmueble urbano, tres rurales, dos vehículos, dos sociedades y un establecimiento de comercio. Estas diligencias fueron realizadas con la Policía Nacional de ambos departamentos. Los bienes incautados, se presume que fueron adquiridos con dineros obtenidos de actividades ilegales o utilizados para facilitar las operaciones de la red criminal.

Según las investigaciones, ‘La Empresa’ utilizaba guías de transporte falsas para movilizar los combustibles obtenidos de manera ilícita, eludiendo así la detección por parte de las autoridades. Además, la organización habría constituido empresas fachada con el fin de darle apariencia de legalidad a los hidrocarburos y facilitar su venta en el mercado negro.

Estas acciones revelan un sofisticado esquema criminal que integraba diversas etapas del proceso de hurto y comercialización de hidrocarburos, desde la obtención y transporte hasta la distribución y venta al consumidor final. Este tipo de delitos, además de generar millonarias pérdidas al Estado, representan una amenaza para la seguridad económica y social del país.

La afectación de los bienes busca desmantelar el andamiaje financiero de ‘La Empresa’, cortando las fuentes de ingreso que alimentan su actividad criminal. Estos bienes habrían sido utilizados para facilitar las operaciones ilegales y para lavar los recursos obtenidos de estas actividades, dándoles una apariencia de legalidad.

Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación ha avanzado en la captura y judicialización de nueve presuntos integrantes de esta organización, quienes enfrentan cargos por concierto para delinquir en concurso con apoderamiento de hidrocarburos. Estas acciones refuerzan el compromiso de las autoridades colombianas en la lucha contra el crimen organizado y el hurto de recursos estratégicos.

El robo de hidrocarburos es una problemática que afecta gravemente al sector energético y a la economía nacional. Este delito, comúnmente asociado con redes criminales bien estructuradas, incluye actividades como la perforación ilegal de oleoductos, el desvío de cargamentos legales y la falsificación de documentación oficial.

Colombia, como uno de los principales productores de petróleo en la región, enfrenta retos significativos en la protección de su infraestructura y en la prevención de delitos relacionados con el sector energético. Las medidas adoptadas por la Fiscalía reflejan una estrategia integral que combina la acción legal, la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de los sistemas de control y vigilancia.

La Fiscalía ha destacado que estas medidas son parte de una estrategia más amplia para combatir las redes dedicadas al hurto de hidrocarburos, un delito afecta las finanzas del país y principalmente tiene un impacto ambiental significativo debido a los derrames y daños causados en los procesos de extracción ilegal.

Las investigaciones continúan para determinar la magnitud completa de las operaciones de ‘La Empresa’ y la posible implicación de otros actores en la red criminal. Asimismo, se espera que las medidas de extinción de dominio apliquen como un precedente que refuerce la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de combatir el delito.

Con estas acciones, el gobierno colombiano reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de los recursos del Estado, enviando un mensaje claro de que no habrá tolerancia hacia quienes atenten contra el bienestar común.