El peaje Andes, ubicado en la salida de Bogotá por la Autopista Norte, se convirtió en el centro de atención al iniciar el año con un aumento “exagerado” en su tarifa, que pasó de 11.600 a 15.400 pesos.
Este incremento, que supera el 30%, fue resultado de un acuerdo firmado en 2021 entre el Gobierno y el concesionario encargado del proyecto Accesos Norte 2.
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Según explicó el Ministerio de Transporte, esta medida buscaba evitar la instalación de un nuevo peaje, pero ha generado malestar entre los usuarios. Sin embargo, este caso es solo uno de los múltiples conflictos que rodean el sistema de peajes en Colombia, un problema que, según un análisis publicado por la revista Cambio, se ha intensificado en los últimos años y representa un desafío para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La problemática de los peajes no es nueva, pero ha escalado debido a diversos factores. Por un lado, varios proyectos viales culminaron su fase de construcción desde 2021, lo que permitió la instalación de nuevas casetas de cobro. Por otro lado, el Gobierno del expresidente Iván Duque aprobó aumentos adicionales en las tarifas para financiar nuevas concesiones. Estas decisiones, sumadas a las protestas de comunidades que rechazan los cobros, han complicado el panorama.
Incluso, el presidente Gustavo Petro intentó mitigar el impacto económico de los peajes congelando las tarifas a inicios de 2023, en respuesta a la inflación del 13,12 % registrada en 2022.
Sin embargo, esta medida generó un desfase financiero para los concesionarios, quienes dependen de estos ingresos para operar y mantener las vías, por lo que el Ministerio de Transporte implementó un plan de regularización gradual de las tarifas en 2024, pero este proceso ha sido objeto de críticas tanto por parte de los concesionarios como de las comunidades afectadas.
En apenas un año y medio, las tarifas de los peajes en Colombia han acumulado un aumento del 27,4%, según detalló Cambio. En algunos casos, los incrementos han sido aún mayores debido a cláusulas contractuales que permiten ajustes adicionales.
Protestas y bloqueos: el rechazo de las comunidades
Las manifestaciones en contra de los peajes se han intensificado en todo el país. Durante 2024, se registraron protestas en más de diez puntos de recaudo, siendo el peaje de Turbaco, en las afueras de Cartagena, uno de los casos más emblemáticos.
Según el medio citado, en esta estación no se ha podido cobrar a vehículos de categorías I y II desde hace tres años, lo que representa el 80% del recaudo. Además, la comunidad ha impedido la instalación de la caseta de Arroyo de Piedra, lo que pone en riesgo el megaproyecto Autopistas del Caribe, una vía clave para el transporte de carga entre Cartagena y Barranquilla.
Ernesto Carvajal, vicepresidente de concesiones de KMA Construcciones, explicó al medio que la falta de recaudo en Turbaco y Arroyo de Piedra ha obligado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a compensar al concesionario con 100.000 millones de pesos, recursos que provienen del presupuesto nacional. Según Carvajal, esta situación podría llevar a la liquidación del proyecto, lo que significaría pérdidas millonarias para el país.
El caso de Turbaco no es aislado. En el peaje de Papiros, ubicado cerca de Barranquilla, las protestas llevaron a la suspensión del cobro para vehículos de categorías I y II. En los Llanos Orientales, los peajes de Puente Amarillo y La Libertad también enfrentaron bloqueos durante meses, lo que obligó a la ANI a compensar a los concesionarios con miles de millones de pesos.
Además de los conflictos en las estaciones existentes, hay casos en los que las casetas no se han podido instalar debido a la presión de las comunidades o problemas contractuales.
Según reveló Cambio, los peajes de Villa Josefa y Mutiscua, en la concesión Bucaramanga-Pamplona, y los de Choachí y Ubaque, en la Perimetral del Oriente de Cundinamarca, no se construyeron debido a la liquidación de los proyectos.
El peaje de Arroyo de Piedra, mencionado anteriormente, es otro ejemplo de una estación que no ha podido entrar en operación. La comunidad local exige la eliminación de los cobros, argumentando que las obras ya se realizaron y que los recursos recaudados han sido suficientes.
A pesar de la crisis actual, el Gobierno planea instalar nueve nuevas estaciones de peaje en 2025 como parte de proyectos de infraestructura de cuarta y quinta generación. Según confirmó la ministra de Transporte, María Constanza García, estas estaciones estarán ubicadas en departamentos como Huila, Putumayo, Cauca, Casanare y Cundinamarca. Uno de los nuevos peajes será el de la Autopista Longitudinal de Occidente Sur (Alo Sur), a las afueras de Bogotá.