Desde Norte de Santander piden al Gobierno Petro un trato especial para garantizar la seguridad en el departamento

El secretario de Gobierno de Norte de Santander, Yonny Peñaranda, dejó ver su preocupación por la falta de apoyo por parte del Gobierno nacional para garantizar la seguridad en el departamento.

“Nos preocupa en la región no tener el suficiente apoyo que debemos tener por parte de muchos organismos, nos preocupa que no se le preste la atención que requiere el Norte de Santander, entendiéndose este departamento como la puerta de entrada al país por Venezuela”, manifestó Peñaranda.

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Además, resaltó que la frontera con Venezuela es una de las más activas que tiene Colombia, razón por la cual destacó las cosas buenas que trae para la economía del departamento, pero afirmó que hay muchos grupos delincuenciales que ingresan cosas de forma ilegal al país a través de la frontera.

“La frontera terrestre más activa que tenemos en el país, es la frontera terrestre que nos brinda muchas cosas buenas y a la vez es aprovechada por los grupos al margen de la ley para ingresar a Colombia cosas que no quisiéramos que llegarán”, indicó Peñaranda.

Además, resaltó que desde la Gobernación de Santander tienen una mayor preocupación y es la forma de cómo potencializar la seguridad que se genera en la frontera con Venezuela, ya que si no se logra, Yonny Peñaranda afirmó que no se podrá contrarrestar a los grupos al margen de la ley en la región.

“Cómo potencializar esa frontera pero al margen de toda la criminalidad que surge alrededor. Por eso nos preocupa que no se entienda ese contexto, porque si no se llega a entender ese contexto desde el ámbito nacional e internacional y nos siguen mirando como un departamento común y corriente, no vamos a tener la fuerza para lograr contrarrestar el accionar criminal en Norte de Santander”, aseveró el funcionario.

Yonny Peñaranda resaltó que desde la Gobernación de Norte de Santander trabajan para aportarle a la paz en el departamento.

El llamado del secretario de Gobierno de Norte de Santander al Gobierno nacional para garantizar la seguridad en el departamento se suma a la aceptación de la demanda contra la Presidencia, los ministerios de Defensa y del Interior y el Icbf por falta de control territorial y de acciones para la protección de la población en el departamento del Huila.

En el mes de julio, la Fundación para el Estado de Derecho interpuso una acción popular contra las instituciones mencionadas para proteger los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el uso del espacio público y la defensa de los bienes de uso público de la población del departamento del Huila.

El Tribunal Administrativo del Huila admitió el 19 de diciembre esta demanda por el grave deterioro de la seguridad en el departamento que, como se prueba en la acción, ha sido consecuencia de la omisión del Estado del cumplimiento de sus deberes de protección.

La demanda resalta que los grupos armados organizados (EMC, Segunda Marquetalia y ELN) han incumplido los compromisos acordados con el Gobierno para iniciar las negociaciones. No queda claro si el Gobierno ha tomado medidas correctivas ni qué ha pasado con estos incumplimientos. Según lo previsto, el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese al fuego debería evaluar estos compromisos cada dos meses, pero no se tiene información al respecto.

La fundación también alertó de las graves denuncias de reclutamiento de menores de edad, campesinos e indígenas, por parte de estos grupos. Por ejemplo, el 4 de julio de 2024, la Defensoría del Pueblo, en su comunicado 675, destacó que, en zona limítrofe entre el Huila y el Cauca, menores de edad estaban en riesgo extremo de reclutamiento forzado. Este mismo órgano de control aseguró que, de enero a noviembre de 2024, iban 282 casos de niños reclutados en el país.

Además, realizó un recuento de hechos graves como peajes ilegales, secuestros, amenazas, combates, confinamiento de al menos trece comunidades indígenas, entre otros actos delictivos y de intimidación a la población civil. Para esto, se basó en alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en boletines expedidos por la Procuraduría General de la Nación, en informes de la Organización de las Naciones Unidas y en notas periodísticas a través de las cuales se relata la situación de orden público en el departamento.

Lo que se evidencia en la demanda es que los grupos al margen de la ley tienen control social y territorial en el departamento del Huila, y constantemente despliegan acciones que vulneran de forma sistemática los derechos colectivos de los habitantes.