Ministerio de Transporte pide a Procuraduría y Defensoría supervisar acuerdos con transportadores

El Ministerio de Transporte de Colombia ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que actúen como garantes en la verificación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los transportadores de carga y pasajeros.

Esta solicitud tiene como objetivo evaluar los avances en los compromisos adquiridos durante las mesas de trabajo realizadas durante los últimos meses, así como abordar las inconformidades presentadas por ciertos sectores del gremio.

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Uno de los avances destacados es la creación de una herramienta de auditoría para los puertos, diseñada por la Superintendencia de Transporte, que permitirá monitorear las irregularidades en tiempo real.

Además, se abordarán aspectos clave como las horas logísticas y las horas de viaje en las reuniones programadas para 2025, con el fin de asegurar el cumplimiento de los acuerdos y mejorar la transparencia en el sector.

Entre los logros alcanzados, se incluye la actualización de las tipologías vehiculares y de carga, lo que permitirá una mejor clasificación de los vehículos y las cargas, adaptándolos a las necesidades actuales del mercado.

También se estableció un mínimo de cuatro horas logísticas por viaje, que será reconocido y remunerado según los valores establecidos en el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC).

El Ministerio también destacó el ajuste en las condiciones laborales de los transportadores, estableciendo una jornada laboral de 46 horas semanales, con un salario basado en 288 horas operativas mensuales, lo que representa una mejora en las condiciones de trabajo del gremio.

Además, se realizó una ampliación significativa en los ítems de mantenimiento de los vehículos, aumentando el número de partes y piezas a más de 100, lo que incrementará el costo por kilómetro en un 54%. Este ajuste busca mejorar la seguridad y eficiencia de los vehículos en circulación.

Finalmente, se están implementando medidas para garantizar la legalidad en el sector, como la validación obligatoria de los manifiestos de carga conforme a los valores establecidos en el Sice-tac y la simplificación de los trámites para el registro de maquinaria amarilla usada.

Estas acciones son parte de un esfuerzo integral para mejorar la transparencia, la competitividad y la formalización del sector transporte en Colombia, y se espera que el seguimiento de los compromisos adquiridos garantice su implementación efectiva.

La Asamblea Nacional de Transporte ha expresado su preocupación por la inseguridad en las carreteras del país, señalando que problemas como la extorsión, el vandalismo, los saqueos y los bloqueos afectan gravemente a los transportadores.

Según un comunicado emitido por la organización, estas problemáticas persisten pese a que en abril de 2022 se presentó una propuesta para implementar una “Política integral de seguridad en el transporte”.

Este reclamo se suma a una serie de denuncias contra el Gobierno Nacional, al que acusan de incumplir acuerdos alcanzados tras el paro camionero de septiembre de 2024.

De acuerdo con el comunicado, los transportadores han manifestado su descontento por el reciente incremento en los precios de los combustibles, que entró en vigor el miércoles 1 de enero de 2025.

El precio de la gasolina subió en $91, mientras que el del diésel aumentó en $169. Según la Asamblea Nacional de Transporte, este ajuste se realizó sin convocar a la mesa técnica acordada el 22 de noviembre de 2024, en la que se había pactado revisar la política y la fórmula de cálculo de los precios de los combustibles junto a los viceministros de Hacienda, Transporte y Minas y Energía.

Los transportadores también han señalado que el Sistema de Costos Eficientes no ha sido actualizado ni se ha definido una metodología que proteja a los propietarios independientes.

En el comunicado, la Asamblea también destacó que no se han cumplido las transformaciones estructurales prometidas en las relaciones económicas del transporte de carga, así como en los servicios especiales y de pasajeros. Estas reformas, según los transportadores, son esenciales para abordar las problemáticas que enfrenta el sector y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.