El 1 de noviembre de 2024, el abogado colombiano Edwin Iván Colmenares García fue detenido por las autoridades venezolanas en un puesto de control en la localidad de El Amparo, en el estado Apure, mientras realizaba un viaje desde Arauca hacia Cúcuta, donde planeaba reunirse con su familia.
Desde entonces, su paradero es desconocido, lo que ha desatado una ola de preocupación en Colombia y ha llevado a múltiples denuncias y protestas por parte de familiares, amigos, congresistas y autoridades colombianas.
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La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, fue una de las primeras figuras políticas en alzar la voz sobre este caso. A través de sus redes sociales, Cabal publicó un comunicado en noviembre de 2024 solicitando la atención del Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, para lograr la liberación de Colmenares, a que calificó como un “joven abogado secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro”.
En su mensaje, Cabal instó al canciller Murillo a pronunciarse abiertamente sobre lo que consideró un “hecho abiertamente irregular contra un ciudadano colombiano”. Además, reafirmó su compromiso de seguir exigiendo la libertad de Colmenares hasta que se esclarezca su situación.
En respuesta a la solicitud de Cabal y otras autoridades colombianas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia envió una carta detallada en la que informaba sobre las gestiones realizadas a través de su embajada en Caracas y su consulado en Venezuela para ubicar al abogado.
La carta, dirigida a la senadora, explica las acciones diplomáticas emprendidas por el gobierno colombiano, aunque hasta la fecha no se ha obtenido información suficiente sobre el paradero de Colmenares.
Entre las gestiones realizadas, el Ministerio detalló visitas a diversas autoridades venezolanas, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Fiscalía del Estado Apure y la Defensoría del Pueblo en Guasdualito.
Sin embargo, en todas estas visitas, las autoridades venezolanas indicaron que no tenían información sobre el caso, a pesar de que el Gobierno colombiano solicitó reiteradamente detalles sobre la situación jurídica de Colmenares y su posible liberación. Las autoridades venezolanas no han emitido ningún comunicado oficial sobre las razones de su detención.
El paradero desconocido de Colmenares y Tique
Edwin Iván Colmenares es un abogado de 34 años oriundo de Cúcuta, que trabajaba para la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario (Corprodinco), una ONG dedicada a proyectos humanitarios en Colombia.
Fuentes cercanas a la organización han destacado que Colmenares no tenía vínculos con el Ejército ni con las autoridades policiales, lo que ha llevado a especulaciones sobre la naturaleza de su detención.
Algunos informes sugieren que su arresto podría estar relacionado con una situación de migración irregular, ya que Colmenares viajaba por territorio venezolano para evitar las malas condiciones de las carreteras en Colombia.
La situación de Colmenares no es aislada. Otro colombiano, Manuel Alejandro Tique, un profesional de Ciencias Ambientales, también se encuentra detenido en Venezuela bajo circunstancias similares. Tique fue arrestado en septiembre de 2024, y al igual que Colmenares, las autoridades venezolanas no han proporcionado información clara sobre las razones de su captura.
La desaparición de Colmenares ha provocado una ola de solidaridad en Colombia, especialmente en la región fronteriza. Amigos, colegas y miembros de la comunidad han organizado protestas y vigilias en los puentes internacionales que conectan Colombia y Venezuela, exigiendo respuestas tanto del gobierno colombiano como del venezolano.
En uno de estos actos, la madre de Colmenares, Dolly García, visiblemente afectada, se arrodilló con un cartel pidiendo ayuda al presidente colombiano Gustavo Petro. “Presidente, por favor, ayúdenos. Mi hijo no es un espía, es un abogado que trabaja por su comunidad”, expresó García en medio de la protesta.
El caso de Colmenares ha puesto en evidencia las tensiones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, países que, tras años de distanciamiento, intentan reconstruir sus relaciones.
El representante colombiano Juan Felipe Corzo, del partido Centro Democrático, lideró una proposición en la Cámara de Representantes pidiendo al gobierno colombiano que intensifique sus esfuerzos diplomáticos para esclarecer la situación de Colmenares. Corzo destacó que la liberación del abogado debe ser una prioridad para el gobierno colombiano.
“No podemos permitir que nuestros ciudadanos sean retenidos arbitrariamente en otro país sin que se tomen acciones contundentes”, declaró Corzo.
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