“La UPC debe proyectarse hacia el próximo decenio”: Acsp sobre el aumento de la Unidad de Capitación

Un profundo debate se ha generado en Colombia en torno al aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), una de las principales fuentes de financiamiento del sistema de salud. Este monto anual, que el Gobierno destina a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se encuentra en el centro de las tensiones entre la propuesta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que plantea un incremento del 16,9%, y la decisión oficial de establecer un aumento de tan solo 5,36%.

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La Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP) expresó que esta discrepancia refleja las dificultades estructurales del sistema de salud, el cual enfrenta presiones financieras, problemas en la calidad de la información y la necesidad de realizar transformaciones profundas hacia un modelo más sostenible y equitativo. Según la entidad, la actual situación muestra las fallas de un sistema regulado por la Ley 100 de 1993, caracterizado por primar el enfoque de mercado y beneficiar la rentabilidad financiera por encima de los derechos en salud.

La crisis en las EPS representa uno de los mayores desafíos. Estas organizaciones han sido señaladas por la administración irregular de fondos públicos, lo que ha derivado en acumulación de deudas y pérdida de credibilidad institucional. Según el análisis de la Acsp, persisten múltiples problemas que afectan el acceso y la prestación de servicios. Entre los más relevantes se mencionan:

• Barreras de acceso a los servicios: Los afiliados enfrentan retos administrativos, económicos y geográficos que complican la atención médica oportuna.
• Condiciones laborales precarias: Prestadores de servicios trabajan bajo contrataciones desventajosas, con tarifas insuficientes que comprometen la cobertura de costos y la estabilidad de los profesionales de la salud.
• Deudas acumuladas: Las EPS no han cumplido con los pagos a prestadores, acumulando obligaciones insostenibles que afectan tanto a proveedores públicos como privados
• Crisis hospitalaria: Los hospitales públicos operan en desventaja frente a las EPS, que discriminan en sus contrataciones.
• Gestión de datos deficiente: Persisten problemas como registros redundantes y beneficiarios fallecidos en bases de datos, lo que genera pagos indebidos.
• Concentración económica: Grandes conglomerados dominan el sistema, integrando aseguradoras, hospitales, proveedores de insumos y medicamentos, consolidando el control operativo.

Aunque el aumento de la UPC en términos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es legal, la Acsp advierte que esta acción es insuficiente para abordar las problemáticas de fondo. Exigen que el Gobierno y los actores del sistema en general trabajen en una reforma estructural que priorice la salud como un derecho fundamental, conforme a la Ley Estatutaria 1751 de 2015.

Entre las propuestas mencionadas, la Acsp hace un llamado a modernizar los sistemas de información financieros del sector, asegurando interoperabilidad y transparencia en el uso de los recursos. Además, instan a transformar el modelo hacia uno preventivo y basado en redes integrales de servicios, equilibrando la atención en zonas urbanas y rurales para cerrar brechas de acceso.

“El cálculo de la UPC no puede continuar replicando la misma tendencia observada en los últimos 30 años. Por el contrario, debe proyectarse hacia el próximo decenio, facilitando la reconfiguración del modelo de salud, incluyendo la eliminación de las autorizaciones por parte de intermediarios, propiciando gobernanza del sistema más cercana a las regiones, comunidades y territorios”, se lee en el texto.

Asimismo, sugieren que el cálculo de la UPC contemple las particularidades territoriales, integrando factores como el porcentaje de aumento del salario mínimo y las condiciones de vulnerabilidad de ciertas regiones. Esta revisión, consideran, debe ir acompañada por una mejora en la formalización laboral del personal médico y la creación de sistemas que prioricen la eficiencia y rentabilidad pública sobre el lucro privado.

Finalmente, la Acsp, junto a organizaciones como la Federación Médica Colombiana y la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado, insiste en la necesidad de establecer mesas de diálogo técnico y político para definir acuerdos viables que permitan rediseñar el sistema sanitario. A través de la colaboración con organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), los actores del sistema buscan soluciones que restauren la legitimidad de la salud en el país y den cumplimiento a los compromisos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los planes nacionales en la materia.