Desde el 7 de diciembre del 2024, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta prisión preventiva en un penal de Lima, mientras es investigado por presunta rebelión tras su fallido autogolpe de Estado. Castillo, quien ganó las elecciones presidenciales en 2021, cumple ya 18 meses bajo esta medida cautelar, en medio de una situación política y social tensa en el país andino.
Sobre esta situación se pronunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestando su apoyo al exmandatario y enfatizando en la necesidad de buscar soluciones políticas. A través de su cuenta en X, Petro escribió: “La posición colombiana ante la violación sistemática de los derechos humanos en Palestina será precisa y contundente. Velaremos por la libertad del presidente Castillo en el Perú”.
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En su mensaje, Petro compartió una publicación de la Cancillería que recordó el hecho histórico ocurrido el 9 de octubre de 2024 cuando, por primera vez, Colombia fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hecho crucial en las relaciones internacionales pues el país tendrá participación activa en asuntos de interés global.
Además, reiteró el compromiso de Colombia con la protección de los derechos en Venezuela y su interés en mediar en los conflictos políticos de la región, “buscaremos un acuerdo político en Venezuela para garantizar derechos y libertades de su ciudadanía”, agregó el jefe de estado colombiano.
Este es el primer pronunciamiento de Petro, en medio de la tensa situación política que se vive en el país vecino, con la cercanía del 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro y Edmundo González asumirán la presidencia del país vecino.
Maduro, que fue reelecto en unos comicios calificados como “fraudulentos” por la comunidad internacional, extendió una invitación a varios líderes mundiales, entre ellos el presidente Petro. Sin embargo, este ha mantenido una postura ambigua sobre su posible asistencia al acto en el Palacio de Miraflores en Caracas. En reiteradas ocasiones, Petro ha enfatizado que, como jefe de las relaciones exteriores de Colombia, la decisión dependerá exclusivamente de él.
Esta postura ha generado críticas desde diversos sectores políticos en Colombia, especialmente desde la oposición. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, no tardó en responder a las declaraciones del presidente: “¿Y cuál es su posición ante la violación de los derechos humanos en Venezuela? El silencio y complacencia con la dictadura deja en evidencia que su interés no es por los derechos humanos sino por proteger a sus amigos criminales”.
Por su parte, la confirmada asistencia de Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela, en la posesión de Maduro, también ha sido objeto de múltiples críticas. Líderes políticos siguen cuestionando el respaldo de Colombia puedan ofrecer a regímenes considerados autoritarios, especialmente en un contexto en el que la represión política y la crisis humanitaria en ese país son evidentes.
De hecho, hasta parece haber opiniones divididas al interior del Gobierno pues el mismo canciller Luis Gilberto Murillo señaló: “Yo he dicho que mi preferencia ha sido que no haya asistencia, pero hay un tema técnico relacionado con el hecho de que mantenemos una relación de Estado a Estado”, aseguró quien estaría dentro del ramillete de ministros próximos a salir del gabinete.
Y agregó: “Hay que darle la libertad de tomar su decisión. Por supuesto, es el presidente quien decide. Nadie puede imponerle algo. Nosotros podemos tener opiniones, pero, al final, él tomará la decisión que considere y la comunicará”. Esta declaración destaca la complejidad diplomática en la toma de decisiones sobre Venezuela, donde la relación internacional debe equilibrar principios de derechos humanos y la política de relaciones bilaterales.