El Gobierno de Petro prepara nuevo decreto para estabilizar el mercado de energía eléctrica en Colombia

El gobierno de Colombia está trabajando en un nuevo decreto que introduce cambios importantes en la forma en que se regula el mercado de energía eléctrica, buscando mejorar la confiabilidad y estabilidad de las tarifas para los usuarios.

Este proyecto de decreto se enfoca en los generadores de energía que utilizan fuentes hídricas o energías renovables no convencionales, con el objetivo de establecer controles más eficientes en el mercado regulado.

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Según el decreto, se establece un porcentaje máximo del 5% de la venta de energía en la Bolsa de Energía para las empresas generadoras que usen fuentes de energía renovables o hídricas en el mercado regulado.

Esto busca reducir la exposición de las comercializadoras de energía a la variabilidad de los precios en la Bolsa, especialmente en épocas de escasez hídrica o cambios climáticos que afectan la producción de electricidad.

El decreto también incluye una serie de lineamientos que pretenden mejorar la eficiencia en los mecanismos de contratación, asegurando que las tarifas sean más estables y justas para los consumidores. En particular, se busca:

• Aumentar la eficiencia en la formación de precios y contratación de energía en el mercado regulado.
• Promover la estabilidad de las tarifas, evitando fluctuaciones inesperadas.
• Mitigar los efectos del cambio climático y la variabilidad de los aportes hídricos en los precios de la energía.
• Fomentar contratos de largo plazo que aseguren una oferta estable de electricidad.

El Ministerio de Minas y Energía, encargado de la regulación del sector, destacó que este decreto también busca fomentar un manejo integral y sostenible de los recursos energéticos del país, promoviendo el uso eficiente de las fuentes de energía disponibles.

Además, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) deberá ajustar el Reglamento de Operación del Mercado de Energía Mayorista (MEM) para incorporar estos cambios. Esta modificación debe ser expuesta en un acto administrativo dentro del mes siguiente a la publicación del decreto.

La sostenibilidad del sistema energético colombiano enfrenta múltiples desafíos, con críticas hacia las tarifas altas y deudas acumuladas que amenazan la estabilidad del sector.

En 2024, el presidente Gustavo Petro implementó una nueva fórmula tarifaria para corregir lo que denominó prácticas injustas en el mercado. La fórmula busca separar los costos de generación entre empresas de bajo y alto costo, estableciendo techos diferenciados para cada segmento.

Además, el gobierno anunció un decreto que elimina costos de transmisión para quienes autogeneren energía limpia, y evalúa la compra de la empresa Air-e, con miras a reducir tarifas en la región Caribe oriental.

Sin embargo, la crisis financiera del sector sigue siendo crítica. Según asociaciones como Andesco, Acolgen y Ser Colombia, el Gobierno adeuda más de 2,7 billones de pesos en subsidios eléctricos y 628.000 millones en subsidios para gas. Esto ha generado apagones, como el registrado en Puerto Carreño, y podría causar aumentos tarifarios de hasta el 150% en los próximos meses.

El apagón que dejó sin energía eléctrica a más de 40.000 habitantes de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, ha puesto en evidencia la gravedad de esta crisis.

La suspensión del servicio, que comenzó el 2 de enero de 2025 a las 4:00 p. m., fue atribuida a deudas millonarias del Gobierno con las empresas del sector. Aunque el servicio fue restablecido tras 24 horas, la situación encendió las alarmas sobre la sostenibilidad del sistema eléctrico en el país.

Según Electrovichada, una de las empresas responsables del suministro en la región, la falta de pago de subsidios ha imposibilitado la continuidad de sus operaciones. En Vichada, el 60% de la energía se genera a partir de biomasa, liderada por Refoenergy, que asegura que el Gobierno le adeuda 1.600 millones de pesos desde marzo de 2024.

El restante 40% proviene de plantas de diésel operadas por Electrovichada, pero la empresa Terpel ha suspendido el suministro de combustible debido a una deuda de 4.588 millones de pesos acumulada desde octubre.

Los gremios han propuesto soluciones como el pago inmediato de deudas, ajustes en el presupuesto de 2025 y reformas estructurales para garantizar que los subsidios lleguen a las familias más vulnerables. Estas medidas son cruciales no solo para evitar interrupciones del servicio, sino también para garantizar el desarrollo de proyectos estratégicos en energías renovables.

Con estas acciones, el gobierno busca no solo estabilizar el sistema energético, sino también promover una transición hacia un modelo más justo y sostenible, enfrentando las críticas de la oposición y las altas expectativas de los consumidores.