El Senado de la República de Colombia vuelve a ser escenario de un debate que involucra la retribución económica de los funcionarios públicos. Esta vez, la propuesta de reducir los salarios de los congresistas, presentada por el legislador Iván Cepeda, provocó diversas reacciones, tanto a favor como en contra, al tiempo que reavivó situaciones del pasado relacionadas con intentos fallidos de implementar proyectos de ley similares.
El objetivo del proyecto de ley que será radicado por Cepeda es hacer más equitativos los ingresos en el país y responder a la creciente preocupación de la ciudadanía, que ve con desconfianza los altos salarios de los funcionarios públicos en comparación con las dificultades económicas que enfrenta gran parte de la población; sin embargo, esta no es la primera vez que se presenta una iniciativa de este tipo.
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En 2022 y en 2023, el senador Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, propuso una reforma similar con la finalidad de reducir los $48.142.046 que mensualmente reciben los congresistas colombianos, pero la iniciativa fue rechazada por los mismos legisladores que ahora enfrentan el desafío de dar respuesta a una propuesta que vuelve a poner en cuestión sus ingresos.
La senadora María Fernanda Cabal, que pertenece al partido Centro Democrático, recordó los eventos ocurridos en 2022, cuando el proyecto de Hernández fue desestimado. En ese entonces, varios congresistas se opusieron a la reducción de salarios, y aunque el senador que lideraba la iniciativa no reveló los nombres de los opositores, finalmente se conoció que varias senadoras del progresismo, como Clara López, María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta fueron reacias a la propuesta.
Al rememorar la noticia, la senadora opositora del Gobierno acompañó una fotografía de esta y afirmó: “Que el país lo tenga presente”. Con estas palabras, la congresista del Centro Democrático hizo alusión a que, a pesar de las promesas y los intentos previos, siguen existiendo las mismas resistencias dentro del Congreso.
La respuesta de María José Pizarro a la nueva iniciativa
A pesar de los antecedentes y las reservas de algunas de sus compañeras, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, anunció su respaldo a la nueva propuesta de Cepeda. La congresista, conocida por su postura progresista y fiel al presidente Gustavo Petro, compartió su apoyo con un mensaje contundente.
“Querido @IvanCepedaCast seremos muchos más y en la calle somos millones! Lo vamos a lograr, cada año un mayor salario mínimo para el pueblo trabajador y un salario más bajo para los altos funcionarios del Estado”, escribió la senadora. Con estas palabras, Pizarro reafirmó su compromiso con la reducción salarial de los congresistas, a pesar de la resistencia interna de su grupo político.
Los millonarios privilegios de los congresistas en Colombia
El salario mensual de un congresista en Colombia es de $48.142.046, dividido en tres conceptos: una asignación básica de $11.640.415, gastos de representación por $20.694.078 y una prima especial de servicios de $15.807.981. De ese total, se descuentan casi 11 millones de pesos mensuales por concepto de retención en la fuente, pensión, EPS, fondo de solidaridad pensional y subsistencia.
A estos ingresos se suman otros privilegios, como el acceso a 50 salarios mínimos anuales para contratar personal de apoyo a través de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). En 2025, cada congresista podrá disponer de $71.175.000 para este fin, con la posibilidad de contratar asesores, aunque en algunos casos estos recursos se utilizan para contratar familiares o amigos.
Adicionalmente, los congresistas, excepto los de Bogotá, reciben dos tiquetes aéreos semanales para trasladarse desde sus regiones al Capitolio, con los costos de los pasajes cubiertos por el Estado. A esto se suman dos camionetas blindadas y un esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), con los que deben contar los legisladores, aunque algunos renuncian a este beneficio, como es el caso de David Racero.
Según estimaciones, el costo total de cada congresista al Estado, incluyendo salario, UTL, seguridad y tiquetes, ronda los 160 millones de pesos mensuales. Si se multiplica esta cifra por los 294 congresistas en Colombia (106 senadores y 188 representantes), el costo mensual aproximado para el país es de 47.000 millones de pesos.
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