Aumentan las multas por transporte no regulado en Colombia: casi igualan al salario mínimo

El uso de aplicaciones de transporte no reconocidas por la legislación colombiana, como Uber, Didi y Picap, continúa siendo una práctica sancionada en el país. De acuerdo con la última actualización del Código Nacional de Tránsito las multas relacionadas con esta infracción han experimentado un incremento significativo para el año 2025, en línea con el ajuste del salario mínimo decretado el 24 de diciembre de 2024. Este aumento, que alcanza el 9,53 %, eleva el valor de la sanción de 1.299.000 a 1.423.000 pesos colombianos en 2025, una cifra cercana al salario mínimo mensual vigente.

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La multa aplicable a los conductores que presten servicios de transporte mediante estas plataformas corresponde a la infracción D12 del Código Nacional de Tránsito, que penaliza el uso de vehículos particulares para fines no autorizados. Además del pago de la multa, los infractores enfrentan la inmovilización de sus vehículos, que inicialmente serán retenidos durante cinco días en los patios designados por las autoridades de tránsito. En caso de reincidencia, el periodo de retención del automotor puede extenderse hasta 20 días.

Pese a que durante el año 2024 se llevaron a cabo mesas de trabajo entre las autoridades colombianas con el objetivo de establecer una regulación más clara para estas plataformas, hasta el momento no se ha logrado concretar una normativa que permita su operación legal en el país. Esto ha generado un escenario de incertidumbre tanto para los conductores como para los usuarios de estas aplicaciones, quienes continúan utilizando estos servicios pese a las restricciones legales.

El incremento en las multas no solo afecta a quienes utilizan estas plataformas, sino que forma parte de un ajuste generalizado en las sanciones de tránsito en Colombia, derivado del aumento del salario mínimo. Este ajuste anual impacta directamente en los valores de las multas, ya que estas se calculan con base en el salario mínimo vigente.

El uso de aplicaciones de transporte no reguladas ha sido un tema recurrente en el debate público colombiano. En varias ciudades del país, se han realizado intentos por regularizar estas plataformas, pero las iniciativas no han prosperado debido a la falta de consenso entre las partes involucradas. Mientras tanto, las autoridades de tránsito continúan aplicando sanciones a los conductores que operan bajo este modelo, argumentando que su actividad no está contemplada dentro del marco legal actual.

La situación refleja un desafío para el sector del transporte en Colombia, donde la demanda de servicios alternativos sigue creciendo, especialmente en áreas urbanas. Sin embargo, la ausencia de una regulación específica mantiene a estas plataformas en un limbo jurídico, lo que genera tensiones entre los conductores, los usuarios y las autoridades.

En este contexto, el aumento de las multas busca disuadir a los conductores de participar en actividades no autorizadas, aunque también pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la creación de una normativa que permita integrar estas plataformas al sistema de transporte formal del país. Según reportó Semana, la falta de avances en este sentido deja abierta la posibilidad de que el conflicto entre las aplicaciones de transporte y las autoridades persista en el futuro cercano.

El panorama actual plantea interrogantes sobre el impacto económico y social de estas medidas, tanto para los conductores que dependen de estas plataformas como para los usuarios que las consideran una alternativa eficiente frente a las opciones tradicionales de transporte. Mientras no se logre una solución definitiva, el uso de estas aplicaciones seguirá siendo motivo de sanciones y controversias en Colombia.

Estos espacios para alquiler de vehículos enfrentan acusaciones de fomentar la prestación ilegal de servicios de transporte, lo que ha llevado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a la Superintendencia de Transporte a tomar acciones concretas para regular o incluso prohibir su funcionamiento.

De acuerdo con el texto, la SIC ha iniciado investigaciones para determinar si estas plataformas han incurrido en prácticas de competencia desleal. Las autoridades consideran que estas empresas permiten que conductores presten servicios sin cumplir con las normativas establecidas para el sector del transporte, lo que genera un desequilibrio frente a los operadores tradicionales. Además, se señala que estas plataformas influyen directamente en la organización y prestación de los servicios, lo que podría constituir una violación a las leyes de competencia.

El texto también detalla que los vehículos utilizados para prestar servicios a través de estas plataformas están sujetos a sanciones severas. En caso de ser detectados infringiendo las normativas, los automóviles pueden ser inmovilizados por períodos que aumentan con cada reincidencia: cinco días en la primera infracción, 20 días en la segunda y hasta 40 días en la tercera.

Por su parte, la Superintendencia de Transporte ha propuesto un proyecto de ley que podría tener un impacto significativo en el futuro de estas plataformas en el país. Según el texto, esta iniciativa legislativa contempla la posibilidad de bloquear el acceso a las aplicaciones y sancionar económicamente a los conductores que las utilicen. De aprobarse, esta ley representaría un cambio drástico en la regulación del transporte en Colombia, con el objetivo de garantizar que todos los actores del sector operen bajo las mismas condiciones legales.

El problema de la ilegalidad de estas plataformas no es nuevo en Colombia. Desde su llegada al país, empresas como Uber y Didi han enfrentado críticas por operar sin cumplir con los requisitos legales establecidos para el transporte público. Esto ha generado tensiones con los taxistas y otros operadores tradicionales, quienes argumentan que estas plataformas disfrutan de ventajas competitivas al no estar sujetas a las mismas regulaciones.