El 2 de enero de 2025, el régimen de Nicolás Maduro confirmó la emisión de una recompensa de 100.000 dólares por información sobre el paradero de Edmundo González Urrutia.
A través de un panfleto, se conoció que el presidente electo de Venezuela fue señalado por el régimen como uno de los principales opositores del gobierno.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
La noticia, que se conoció en un contexto de creciente tensión política en Venezuela, generó diversas reacciones, particularmente en Colombia, donde la senadora María Fernanda Cabal expresó su rechazo a las acciones del régimen venezolano y el apoyo del Gobierno Petro.
A través de su cuenta en X, Cabal instó al presidente Gustavo Petro a no apoyar al régimen de Maduro, dado que la senadora calificó a Maduro de “narcodictador” y lo acusó de robarse las elecciones y de amenazar con encarcelar a González.
“Petro, usted y sus ‘camaradas’ del gobierno no pueden apoyar en nombre de Colombia al narcodictador Nicolás Maduro. Ese genocida con el que usted se abraza cada tanto no solo se robó las elecciones, sino que amenaza con cárcel al presidente legítimo de ese país”.
La postura de la senadora se conoció en medio de una tensa relación entre los dos países, que ha estado marcada por las diferencias ideológicas y la política exterior del gobierno colombiano bajo la administración de Petro, que ha mantenido una actitud más abierta hacia el régimen de Maduro en comparación con la postura crítica de gobiernos anteriores.
La orden de arresto contra González
El caso de González, que fue proclamado presidente electo de Venezuela en las elecciones de 2024 por la oposición, ha centrado la atención internacional desde su exilio en España.
Y es que el régimen chavista emitió en el segundo día de 2025 una orden de captura contra él, acusándolo de varios delitos, entre los que se encuentran conspiración, usurpación de funciones y forjamiento de documentos.
A pesar de estas acusaciones, la comunidad internacional ha sido enfática al señalar que la persecución contra González responde a motivaciones políticas, buscando silenciar a la oposición venezolana y desconocer los resultados electorales que, según la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dieron la victoria a González, no a Maduro.
La recompensa lanzada por la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela, de 100.000 dólares, busca capturar a González, luego de que este abandonara el país en septiembre de 2024 tras ser objeto de persecución por parte del régimen.
Desde su exilio, González ha continuado su lucha por lo que considera un mandato popular legítimo.
Incluso, en las semanas previas a la confirmación de la recompensa, González expresó su intención de regresar a Venezuela el 10 de enero de 2025, para asumir la presidencia, conforme a lo que establece la Constitución venezolana.
Al respecto, el régimen venezolano insistió en que González no puede regresar al país debido a su estatus de asilado en España, algo que el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, subrayó en recientes declaraciones.
Saab afirmó que González, al haber aceptado el asilo en España, se habría comprometido a permanecer en ese país y no podría salir sin violar las condiciones de su refugio.
Además, el fiscal señaló que González está siendo investigado en Venezuela por una serie de delitos, que él considera graves, como la conspiración y la instigación a la desobediencia de las leyes.
Rechazo a la recompensa
Organizaciones de derechos humanos, así como gobiernos de la región, han denunciado lo que consideran una persecución política contra González, cuyo único delito sería la defensa de su legitimidad como presidente electo en un proceso electoral que consideran fraudulentamente manipulado por Maduro.
Desde su exilio en Madrid, González ha continuado su llamada a la resistencia dentro de Venezuela y a la comunidad internacional para respaldar su causa.
En sus mensajes más recientes, destacó que el 10 de enero es la fecha en que, según la Constitución venezolana, debe asumir la presidencia, un mandato que asegura fue entregado por el pueblo venezolano en las elecciones de 2024.
Sin embargo, con la orden de captura en su contra, la posibilidad de un retorno tranquilo y sin persecución queda en el aire.