La JEP podría renunciar a perseguir penalmente a más de 9.000 exmilitares y exguerrilleros, según magistrado

Los mal llamados ‘falsos positivos’ marcaron el conflicto armado en Colombia. Según se conoció, gracias a diferentes procesos que lleva la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), muchos de los soldados que cometieron este tipo de delitos contra ciudadanos colombianos fueron obligados a hacerlo bajo órdenes de otros de mayor rango.

Entre 2017 y 2024, la entidad recolectó más de 9.000 nombres que están involucrados con estos hechos, entre los que están soldados rasos, exmilitares y exguerrilleros que cometieron asesinatos por órdenes de sus jefes directos y que podrían aplicar a la renuncia de la persecución penal, según afirmó el magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Pedro Díaz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con una entrevista para el diario El Tiempo, se podría proceder de la misma manera que en los procesos contra 36 exmilitares implicados con ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo, quienes se sometieron a la verdad aceptaron culpabilidad y se comprometieron a reparar a las víctimas, con el fin de cumplir uno de los requisitos para acceder al beneficio. En palabras del magistrado: “Cuando se escribió el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, se acordó que el sistema de justicia se creaba para resolver la situación jurídica de los máximos responsables de las Farc y el Ejército Nacional”.

También afirmó que se haría un respectivo proceso de investigación contra los mandos medios de ambos bandos para definir responsabilidades. Lo anterior, basado en la sentencia C-47 de 2017 en la que se desarrolló una jurisprudencia para que otros actores del conflicto también debieran rendir cuentas.

Del total de casos en estado de evaluación, son 7.383 excombatientes de la fuerza pública los que se deberían someter a aceptar su responsabilidad para que se pueda emitir la misma resolución aplicada a los 36 exmilitares. Asimismo, del total registrado, 1.683 hacen parte de las extintas Farc y hay otros 90 individuos que son declarados como agentes del Estado. Son “más de 9.100 comparecientes cuya situación jurídica debe resolverse por esa vía no sancionatoria o anticipada”, precisó el magistrado al medio citado.

Sin embargo, todos deberán aportar “verdad plena”, con el fin de que reconozcan su responsabilidad y se comprometan a reparar a las víctimas bajo un régimen de no repetición, “dignificando a las víctimas, a la memoria y participando en los Toar”.

En contraste, quienes no cumplan con estas condiciones, serán enviados a la Unidad de Investigación y Acusación. También podrían ser expulsados de la JEP y los casos se completarían en la justicia ordinaria.

En cuanto al proceso a seguir, el magistrado Díaz indicó que cada caso será evaluado a partir de los “patrones criminales” que determina la Sala de Reconocimiento, entendiéndolo como una comisión sistemática y generalizada de los hechos bajo una estructura de poder.

En la contribución a la verdad y la reparación de víctimas, se harán trabajos, y obras que se estipulen en los denominados Toars (trabajos, obras y actividades que hace el compareciente para restaurar o reparar el daño causado), propuestos por ellos mismos y por el Gobierno nacional. El magistrado indicó puntualizó que “el proceso transicional también tiene un carácter restaurativo, lo cual constituye una novedad importante”, razón por la que el proceso será resuelto por medio de la situación jurídica de cada compareciente.

También indicó que los aportes de la verdad están juramentados por los propios comparecientes, todo gracias a que “se comprometieron a rendir la verdad sobre caos y hechos concretos”. A su vez, afirmó que, por todos los casos, la resolución total podría tomar hasta 2033, año en el que la JEP dejará de funcionar, pero se espera que trabajando con macrocriminalidad, es decir, los casos se evaluarán por casos grupales, se logre reducir el tiempo de trabajo.