La discusión que ha surgido en las redes sociales sobre el incremento de la unidad de pago por capitación (UPC) para 2025, que fue fijado en un 5,36 % según la resolución 2718 del 30 de diciembre de 2024, despertó fuertes tensiones entre los diferentes sectores políticos en Colombia; en medio del trámite de la reforma a la salud 2.0, que está a la espera de completar su segundo debate en la Cámara de Representantes, para darle traslado al Senado.
La polémica se ha intensificado a raíz de los pronunciamientos de miembros del Legislativo, como el senador Honorio Henríquez, que hace parte de la bancada del Centro Democrático: el mismo que no se aguantó las ganas y respondió al duro mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que el primer mandatario salió defensa de este aumento, con un desafiante mensaje al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.
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Henríquez, que hace parte de la Comisión Séptima del Senado, que hundió en marzo de 2024 la anterior proposición que buscaba reformar el sistema en Colombia, criticó el porcentaje establecido para el aumento de la UPC, y argumentó que el Gobierno no está priorizando adecuadamente los recursos públicos.
“No hay recursos para estudiantes Icetex, para Mi Casa Ya, ni para programas esenciales como Colombia sin Hambre. Tampoco hay un aumento suficiente en la UPC y los presupuestos máximos necesarios para garantizar la salud y la vida de los colombianos”, afirmó el congresista del Magdalena.
Además, acusó al Ejecutivo de destinar fondos a iniciativas cuestionables.“Sí hay dinero para alimentar la corrupción y pagarles a delincuentes un millón de pesos al mes para que no cometan crímenes”, señaló Henríquez, que agregó en un tono crítico su preocupación por el rumbo que está tomando del país. “¡Esto es la potencia del desastre!”, agregó el senador, recordado también por los fuertes rifirrafes que ha protagonizado con su colega, Martha Peralta Epieyú, que ejerció como presidenta de la citada comisión.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el incremento de la unidad de pago por capitación?
En el contexto de esta controversia, es preciso recordar cómo el primer respondió de forma enérgica a estas críticas, al usar su cuenta de X para justificar el aumento de la UPC. En su defensa, Petro destacó la importancia de este incremento en comparación con las expectativas inflacionarias: “¿Por qué es criminal que la UPC para salud crezca 5,4% este año, si la inflación para este año será del 3 %?”, apuntó el gobernante.
Además, se refirió a las irregularidades financieras en el sector salud durante administraciones pasadas, pues señaló de forma severa los manejos de recursos públicos destinados a las EPS. “¿Les pareció poquito que se hubieran robado 9 billones del dinero público de la salud en el año del COVID-19?”, acotó en su duro mensaje, que fue replicado por sus simpatizantes.
Los comentarios de Petro también tuvieron como blanco una serie de casos concretos de posibles malos manejos por parte de las EPS, al señalar, por ejemplo, que “Coosalud haya servido de fiador para los préstamos particulares del dueño de la EPS por 400.000 millones, que luego no pagó”. Además, Petro cuestionó las operaciones financieras de otras entidades como la Nueva EPS: “¿Le pareció poquito que la Nueva EPS de los Vargas Lleras haya escondido 5 billones de deudas en facturas para hacer aparecer falsamente que la EPS estaba bien?”.
Este tema, el del aumento de la UPC por un porcentaje inferior al que sugerían los especialistas en el tema, despertó reacciones a nivel nacional, planteando preguntas sobre cómo afectará este incremento a los ciudadanos y a las finanzas públicas en general. Al respecto, organizaciones como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, han pedido que se tengan en cuenta sus observaciones para participar en el debate, al exigir mayor transparencia en el manejo de los recursos y claridad en las políticas de salud.
Por ahora, la resolución 2718 estableció un marco claro para el ajuste de la UPC en 2025; aunque, de acuerdo con expertos, queda por ver si las críticas llevarán a modificaciones o ajustes adicionales en políticas relacionadas con el financiamiento y la estructura del sistema de salud en el país.
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