El 31 de diciembre de 2024, el Ministerio de Salud anunció que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que consiste en la financiación de los servicios de los afiliados al sistema de salud colombiano, tendrá un ajuste del 5,36 por ciento para el año 2025.
Según lo estipulado en la resolución 2718 de 2024, las EPS del régimen contributivo verán un incremento en los pagos por afiliado de $1.444.086 a $1,521,489, mientras que las del régimen subsidiado pasarán de $1.256.076 a $1,323,401, respectivamente.
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Esta decisión generó controversia en varios sectores del país, al considerar que el porcentaje establecido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro es inferior a lo pronosticado por las agremiaciones de salud, que esperaban más del 16 por ciento, y que advirtieron que un ajuste inadecuado podría intensificar las dificultades financieras que enfrenta el sistema de salud.
Ante ello, el presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas de los sectores, y aseguró que la UPC establecida por su administración, a diferencia del año anterior, significa un “aumento real”.
A su vez, el jefe de Estado, en respuesta a una publicación del periodista Jorge Espinosa de Caracol Radio, sostuvo que sus críticos habían cometido errores frente a los cálculos de este indicador, al mencionar que usan la tasa de inflación, que fue del 5,4 por ciento, no solamente se refiere al cálculo del salario mínimo que, para el 2024, subió un 9,54 por ciento.
“Si la inflación esperada es 3%, el incremento de la UCP para salud tiene 2,44% de incremento real sobre la inflación y ya puede subsumir el costo laboral que se incrementa en el salario mínimo del 9,4%. Es algo difícil de entender, pero así funcionan las matemáticas de los precios relativos y la inflación”, escribió el mandatario en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.
De igual manera, el presidente colombiano reiteró sus críticas al Congreso por el archivo de la ley de financiamiento, a finales del 2024.
“Así que el incremento de UCP, representa un ascenso real respecto al pasado, cifra sorprendente si se sabe que fue el Congreso el que no discutió el presupuesto, y peor aún, no discutió la ley de financiamiento, obligándonos ya no a aumentar el gasto, sino a aplazarlo”, añadió Petro en la red social mencionada.
Finalmente, Gustavo Petro aseguró que, de todos los sectores que sufrieron los recortes presupuestales, el sector de salud es una de las excepciones. “En el decreto de aplazamiento encontrarán que entre todos los gastos aplazados, el que no sufre ningún aplazamiento es precisamente Salud”, puntualizó.
Críticas de los gremios de la salud y pacientes
Una de las agremiaciones que cuestionaron el aumento de la UPC para las EPS fue la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) quien consideró que la cifra presentada por el Gobierno nacional fue una sorpresa, y aclaró que esto podría ahondar en la crisis del sistema de salud.
“Esperaba que el ejercicio se hiciera de manera técnica, suficiente y completa, considerábamos que el aumento debía ser de dos dígitos, reconociendo el aumento del salario mínimo y que el sistema ha venido consumiendo mucho más de lo habitual desde la pospandemia”, mencionó Ana María Vesga, presidenta de Acemi, en declaraciones a Caracol Radio.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), aseguraron que el ajuste del 5,36 por ciento para la UPC podría condenar a miles de colombianos que acceden al sistema de salud en el país.
“Esta situación genera un impacto crítico en los hospitales públicos del país, cuya sostenibilidad financiera depende, en gran medida, de su capacidad para cubrir los costos laborales, los cuales representan hasta el 70% de sus presupuestos operativos”, comentó el gremio en un comunicado.
No obstante, el Ministerio de Salud respondió que la decisión sobre el aumento de la UPC se basó en lo estipulado por la ley, debido a que las EPS no entregaron información considerada confiable o adecuada para el análisis.
“Incrementar la UPC más allá de la inflación causada con información incorrecta sería una medida irresponsable y populista que pondría en riesgo el Presupuesto General de la Nación. Este Ministerio reitera su compromiso con la transparencia, la protección de los recursos públicos y la garantía de acceso equitativo a los servicios de salud para todos los habitantes de Colombia”, indicó la cartera en un comunicado.